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En la tarde del martes último, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tomó la decisión unánime de procesar a la fiscala Arminda Rivas de Monges por mal desempeño de funciones.
La agente del Ministerio Público ya se encontraba bajo investigación del Jurado de Magistrados; las pruebas en contra de la fiscala revelan responsabilidad en una imputación falsa contra la familia Benítez Nicolaus.
Luego de estudiar la documentación obrante, el Jurado de Magistrados resolvió también la suspensión de Arminda Rivas de Monges del cargo de fiscala en la unidad penal Nº 4 de Ciudad del Este.
El nombre de Arminda Rivas de Monges se suma a Máxima Meza de Maldonado y Manuel Saifildin
Stanley, todos ellos también procesados por el Jurado.
Involucrados en el caso Sarubbi
Todo comenzó con la demanda a un muerto. Francisco Feliciano Duarte murió en junio de 2000 y en julio de 2014 “perdió” una demanda presentada en su contra por Enrique Sarubbi por “cumplimiento de contrato”.
El juez Manuel Saifildin Stanley dictó la sentencia Nº 259 del 17 de julio de 2014 ordenando la confección de un título de propiedad judicial sobre la finca 483 en favor de Enrique Sarubbi.
Enrique Sarubbi demandó a su suegro 14 años después de muerto y ganó la acción judicial. Un caso inédito y vergonzoso para la justicia.
Con el título de propiedad judicial sobre la finca 483, Sarubbi inició una acción de interdicto en el juzgado a cargo de Máxima Meza de Maldonado, quien le otorgó la posesión de la finca 531 de Minga Guazú.
La finca en cuestión es propiedad de la firma HB Inmobiliaria SA, cuyo accionista principal es el señor Higinio Benítez.
La fiscala Arminda Rivas de Monges planteó imputación falsa contra Higinio Benítez, su esposa y dos hijos por supuesta falsificación del título de propiedad de la finca 531.
La imputación falsa se convirtió en una herramienta de chantaje en favor de Sarubbi, quien mueve recursos para seguir en tierra ajena.
roque@abc.com.py