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La administración en provecho propio se castiga con una pena de hasta 10 años de prisión, según la carpeta fiscal.
El rector también habría ordenado la falsificación de un título universitario, además del cobro irregular de unos G. 1.000 millones por un curso internacional, que debía haberse realizado gratuitamente.
A esto se suma el pago de más de G. 200 millones a un abogado por juicios en los que no participó.
Además, entre otros hechos, el rector autorizó la presunta compra irregular de dos inmuebles que ocasionaron perjuicios al Estado.