Morel dijo que acatarán la resolución de la Contraloría, pero que se mantiene en la necesidad de abrir una mesa de trabajo con cuatro actores: usuarios reales –“no el equipo político de Ramón Bogado y otros que un día son transportistas, otro día son auditoría, otro día lavanderas, oleros o Encarnación Más”– transportistas, Intendencia y Junta Municipal.
“Tenemos que trabajar en un cambio de sistema, un estudio de movilidad urbana que implique a municipios vecinos, implementar un sistema optimizado de transporte, con estaciones de transferencia intermedias, paradas inteligentes, división de corredores troncales con alimentadores, incorporación de tecnología, GPS, centrales de monitoreo, entre otros temas”, indicó.
Morel dijo que la ordenanza que dictaron es modificable y insistió en que acatarán la resolución de la Contraloría. Añadió que se deberá pasar al paso dos, que es la renovación de los 78 colectivos que circulan, cambiando las unidades “chatarra” por vehículos seminuevos.
