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Los reclamantes, que portaban carteles, pasacalles y tenían una batucada, bloquearon en la mañana del martes el acceso de vehículos de la sede fiscal para exigir explicaciones sobre el nulo avance de la investigación a los exintendentes colorados.
La fiscala Cinthia Leiva está a cargo de las pesquisas desde diciembre pasado, tras la recusación hecha contra su colega Juliana Giménez, quien había congelado la causa por varios meses, y contra el fiscal Hugo Vázquez, quien había presentado la imputación por lesión de confianza contra los exadministradores municipales, el 28 de marzo pasado.
Este 28 de enero vence el plazo extraordinario de investigación y aún quedan pendientes varias diligencias de averiguación como la pericia caligráfica de documentos, entre otros.
Los franqueños temen que el caso termine en la impunidad debido a la influencia política de los procesados: Fernández y Alegre son referentes del cartismo en Presidente Franco y están en el equipo del influyente político esteño Javier Zacarías Irún, aspirante a senador.
Los manifestantes permanecieron en el portón de la Fiscalía por alrededor de 3 horas y pedían la presencia del fiscal adjunto Alejo Vera o de la agente Leiva para que brinden las explicaciones sobre el caso de los exintendentes. Luego, los franqueños forzaron el portón y en medio de empujones con agentes antimotines de la Policía ingresaron en el predio del Ministerio Público.
La protesta fue finalizada luego de la conversación de la fiscal Leiva con los dirigentes de la movilización.
La concejal Bartola Fernández (Indep.) informó a sus compueblanos que Leiva se comprometió a tramitar todas las diligencias posibles antes del vencimiento del plazo de investigación.
Ampliación
Los exintendentes Fernández y Alegre fueron procesados por lesión de confianza por supuestamente desfalcar cerca de G. 7.000 millones de la municipalidad de Presidente Franco. La imputación se produjo tras protestas ciudadanas que llegaron incluso a la Fiscalía General del Estado.
Durante la pesquisa, la Fiscalía descubrió que los exintendentes clonaban facturas para justificar el desembolso de millonarias sumas. Los procesados también son indagados por supuestamente pagar por obras fantasmas e inconclusas y por abonar G. 660 millones por honorarios a abogados por trabajos desconocidos.
La concejal Bartola Fernández pidió a la fiscal Leiva la ampliación de la imputación contra los exjefes comunales.
Según dicha edil independiente, los exintendentes también deben ser investigados por uso y producción de documento, estafa, asociación criminal y enriquecimiento ilícito.