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La audiencia estuvo moderada por el párroco local Jorge Giménez, y en momentos hubo incidentes por la polarización en las posiciones de algunos presentes así como por los descalificativos y agresiones verbales personales entre los oradores.
Un grupo conformado por 7 personas que dijeron pertenecer a la Contraloría Ciudadana local y otras organizaciones no quisieron escuchar las explicaciones de los técnicos de la Seam ni de los designados por la arrocera Piripucu SA.
El conflicto en la zona se originó luego de la colocación de una bomba de agua en las cercanías del río Yhaguy por la Agro Ganadera Piripucu, propiedad de Fernando Serrati, quien cuenta con cultivos de arroz en la zona de la compañía Alfonso Tranquera de San José Obrero.
El lugareño Jalid Yamil exigió que el canal donde se encuentra la bomba sea cerrado y rellenado, pedido que rechazó Serrati. Seguidamente, el encuentro entre las partes culminó sin acuerdo alguno.
Antecedentes
El emprendimiento ya fue objeto de varias denuncias y procesos judiciales, con resultado de sobreseimiento tanto por la Unidad de Delitos Ambientales del Ministerio Público como por la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna). Una de las últimas denuncias fue realizada por Justo Jamil, Pelagio Martínez y Marina de Rodríguez, entre otros.
La colocación de la bomba de agua fue realizada con todos los permisos y bajo la supervisión de funcionarios de la Seam, según consta en los documentos presentados. Previamente se realizaron estudios hidrológicos, y los técnicos (paraguayos y brasileños) determinaron que con cada inundación y suba de aguas el nivel se eleva por más de tres metros.
En la propiedad de la empresa agroganadera hay un reservorio de agua de 350 hectáreas por 250 metros de profundidad, donde se pueden almacenar 8.750.000 metros cúbicos de agua.
Según Serrati, la bomba solo funciona cuando los niveles de la crecida del río Yhaguy aumentan considerablemente. Esta situación es verificada por fiscalizadores de la Seam que visitan la zona en cualquier momento, refirió.
Los miembros del Consejo de Aguas que está conformado por autoridades locales y representantes de varias organizaciones sociales y civiles, como la Asociación de Pescadores de San José Obrero, entre otros, también realizan verificaciones en forma sistemática sobre el uso del agua, se informó.