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Los afectados cuentan con el apoyo del intendente de Santa Rita, Concepción Rodríguez (ANR), quien
incluso ofreció recursos municipales para la compra de armas para defender dichas tierras. El abogado Carlos Cerrán, representante de uno de los afectados, explicó que el conflicto se inició con la venta de una finca de aproximadamente 34.000 hectáreas hace más de dos décadas. El inmueble fue dividido en varias parcelas y se hizo un título sobre varias fracciones ya vendidas.
Luego la propiedad fue entregada al Banco de Inversiones del Paraguay (Bipsa) para saldar deudas, fue rematado y ahora aparece como propietario un colono encarnaceno. La finca en cuestión, 1057, padrón 1898 con propiedades tituladas en Iruña-San Rafael del Paraná, está inscripta en el Registro Público a nombre de Eduardo Elías Hrisuk Klekoc, sin embargo en la dirección de Catastro figura como propietario Gregorio Daniel Acosta Talavera.
Mientras que BIPSA recibió la propiedad de Lucía Ofelia Medina, en concepto de deudas de Eugenio Sanabria Cantero, Erico Ibáñez, Pedro Nolazco Alvarenga, entre otros. Según Cerran, el Certificado Catastral N° 4764, presentado con la finca 1057, no corresponde al expedido por Catastro.
Indicó que el juez Hugo Morán hizo caso omiso al informe y ordenó la prohibición de innovar sobre el inmueble.
“A pesar de que el inmueble fue vendido a Eduardo Elías Hrisuk y en Catastro figura a nombre de Gregorio Acosta, el juez sigue protegiendo a los compradores, no permitiendo ninguna intervención de terceros, negando apelaciones y nombrando a miembros de la Corte como dueños del inmueble”, dijo el abogado.
Al respecto, intentamos conversar con el juez Morán, pero no respondió nuestra llamada.