Sospechosa benevolencia de un fiscal

El intendente de San José Obrero, Gustavo Troche (PLRA), está siendo investigado desde febrero de 2014 por el fiscal de Eusebio Ayala, Juan Daniel Benítez. Fue denunciado por el concejal municipal Francisco Arbo (PLRA) por lesión de confianza y hecho punible contra el patrimonio público, por presuntos malos manejos de los recursos de Fonacide.

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Llamativamente, el fiscal Benítez solicitó en tres ocasiones la desestimación de la causa. El juez de Caacupé, Paublino Escobar, denegó las peticiones.

En noviembre de 2014, ante la insistencia de desestimación, el magistrado envió la carpeta fiscal a la Fiscalía General del Estado, desde donde se le ordenó al fiscal Benítez que realice una investigación más completa de la denuncia. Se le señala que no realizó las diligencias necesarias, como la constitución en las escuelas para verificar las denuncias.

Por otro lado, el intendente de Mbocayaty del Yhaguy, César González (PLRA), fue denunciado en 2008 por el entonces concejal Alcides Kennedy (PLRA) por un presunto faltante de G. 362 millones en la Comuna, aunque no se trata del Fonacide. El expediente fue “cajoneado” durante siete años en el Ministerio Público.

González es uno de los tres intendentes de Cordillera que no presentaron rendición de cuentas del uso del dinero que debe ser destinado a mejoras de infraestructura de las escuelas y colegios, además del almuerzo escolar.

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