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Los desechos de Caacupé son depositados desde julio de este año en el vertedero municipal, ubicado en un predio de 16 hectáreas de la compañía Ypucú. Ocho hectáreas cuentan con licencia de la Seam y el resto está en trámite.
Los caacupeños producen unas 30 toneladas en forma diaria, según estadísticas de la Comuna. El servicio de recolección genera muchas quejas de los usuarios, que lo consideran deficiente, debido a que la basura acumulada tarda mucho en ser retirada en la mayoría de los casos.
Las residencias y viviendas pagan G. 180.000 semestrales, los comercios abonan un mínimo de G. 330.000 y un máximo de G. 3.800.000 (supermercados) por semestre. Las industrias pagan entre G. 220.000 y G. 720.000 por semestre.
Los usuarios registrados son unos 2.000, todos de la zona urbana. En las áreas rurales los pobladores se ingenian para eliminar sus desperdicios enterrándolos o quemándolos. También existen personas con nula educación ambiental que arrojan sus desechos en los cursos hídricos, principalmente en los arroyos.
Los minivertederos ilegales también son una realidad en las calles, barrios y caminos vecinales.
Trámites
Las administraciones de los otros 19 distritos de Cordillera este año comenzaron a tramitar la regularización de sus vertederos de basura. A través de la Asociación de Municipios de Cordillera (Amucor) contrataron una consultora para la realización de estudios de impacto ambiental y planes de mitigación, entre otros. Tomaron la decisión luego de que en diciembre de 2015 la fiscala Sara Torres imputara al presidente del gremio e intendente de Emboscada, Jacinto Raúl Peña (PLRA), por procesamiento ilícito de desechos, que tiene una expectativa de pena de cinco años de prisión o multa.
El único vertedero con relleno sanitario y con licencia ambiental se encuentra en Caacupé y es privado. Pertenece al exintendente de la villa serrana, Roberto Franco (ANR). Cobra G. 50 millones mensuales por la prestación a las comunas.
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