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En los casos de Laureles e Isla Umbú, los jefes comunales fueron defenestrados. Se trata de los colorados Roberto Chávez Pasotti y Euclides Pavón, respectivamente.
Chávez, quien declaró ser “perseguido político”, fue desplazado del cargo en 2014 por la Junta Municipal, tras ser detenido y ordenado su prisión domiciliaria por supuestas irregularidades en su gestión. Asumió en su reemplazado el entonces presidente de la Junta Municipal, Idilio Céspedes Alonso (ANR).
El intendente de Isla Umbú, Euclides Pavón, fue destituido en 2013 también por el legislativo comunal y asumió el cargo el edil Ramón Sosa (ANR).
Paso de Patria
En el caso del intendente de Paso de Patria, Rolando Arrúa (ANR), la Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público documentos de la administración comunal. Según el ente contralor, presentó documentos que carecen de consistencia y credibilidad sobre el uso del Fonacide.
San Juan
El intendente de San Juan Bautista del Ñeembucú, Fabio Rojas (PLRA), fue denunciado por los ediles en la unidad fiscal a cargo de Ana Luz Franco. Basaron su denuncia en la falta de obras que reflejen la inversión de unos G 12.000 millones, de royalties y Fonacide.
Lamentaron que a pesar de los insistentes pedidos, la Contraloría no haya auditado aún la gestión comunal.
Otro jefe comunal denunciado ante el Ministerio Público es el de Guazucuá, Juan Machado (ANR. Se lo acusa de usar el dinero público sin que la comunidad se beneficie del Fonacide.
Humaitá
El intendente Julio Caballero (PLRA) también recibió fuertes cuestionamientos por el supuesto uso irregular de los fondos destinados a la educación.
A la fecha, según la Contraloría, los municipios de Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Paso de Patria, Villa Oliva, Tacuaras, Laureles y Villalbín todavía no remitieron sus documentaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2014 para su estudio.
Plazos de entrega
La encargada del Departamento del Fonacide de Municipalidades y Gobernaciones de la CGR, Nilsa Díaz, explicó que solo tres municipalidades del Ñeembucú (Desmochados, Humaitá y Villa Franca) presentaron sus documentaciones al ente contralor antes del 15 de enero, fecha tope para las rendiciones de cuentas.
Al no existir un diálogo sincero entre las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Gobernación y las comunas del Ñeembucú, los estudiantes dependen del capricho de los administradores del dinero público, que invierten en las escuelas y colegios cuyos directores gozan de sus “simpatías”.
Con los millonarios recursos disponibles, las escuelas no deberían pasar privaciones y sus instalaciones deberían estar adecuadas a las exigencias.