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La circunscripción judicial de Alto Paraná es responsabilidad de Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco; ambos ministros son responsables de supervisar y velar por el buen desempeño de los administradores de la justicia en el departamento.
Ninguno de los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia se inmutó ante la sentencia Nº 259 del 17 de julio de 2014, firmada por el juez Manuel Saifildin Stanley.
Este juez, de Capiatá, admitió una demanda de cumplimiento de contrato presentada por Enrique Sarubbi contra Francisco “Manito” Feliciano Duarte, quien murió en junio de 2000 pero fue condenado en julio de 2014.
La sentencia Nº 259 del juzgado de Capiatá ordenó la confección de un título de propiedad judicial sobre la finca 483 de Hernandarias.
La sentencia contra una persona que falleció 14 años antes fue usada por Enrique Sarubbi para asumir derechos sobre una finca situada en otra parte, en Minga Guazú, Alto Paraná.
No son los herederos de Francisco Feliciano Duarte los afectados por la sentencia contra el finado: la jueza Máxima Meza de Maldonado ordenó el desalojo de la finca 531 de Minga Guazú, propiedad legítima de HB Inmobiliaria SA.
La acción de interdicto fue planteada por Enrique Sarubbi en forma fraudulenta. Jueces y fiscales de Ciudad del Este intervinieron en el proceso donde una firma con un título de propiedad legítimo fue despojada de un inmueble de 20 hectáreas.
El fraude montado por Enrique Sarubbi comienza en Capiatá y se desarrolla en Ciudad del Este.
Se tienen indicios suficientes de la existencia de una asociación criminal. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene bajo proceso a los jueces Manuel Saifildin Stanley y Máxima Meza de Maldonado así como a la fiscala Arminda Rivas de Monges, todos ellos involucrados en este caso.
Este es el momento en que el pleno de la Corte Suprema de Justicia guarda vergonzoso silencio sobre el caso en que un muerto es demandado, declarado rebelde, declarado culpable y condenado a pagar costas.
Basta con leer la sentencia Nº 259 para confirmar el fraude de Enrique Sarubbi y la posterior complicidad de jueces y fiscales de Ciudad del Este para usurpar una propiedad legítima. Los ministros Sindulfo Blanco y Gladys Bareiro de Módica se limitan a guardar un silencio cómplice.
roque@abc.com.py