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SAN BERNARDINO, Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). Ediles que aprobaron la resolución de rescisión del acuerdo suscrito entre Salomón y el jefe comunal para privatizar las playas del lago Ypacaraí en la zona denunciaron que reciben constantes llamadas y visitas por parte de componentes de un grupo de empresarios y que son amenazados, incluso con demandas millonarias, en caso de mantenerse en su postura.
Mencionaron a Alicia Martínez de la Pera como una de las llamadoras, quien supuestamente advirtió a los concejales que deberían analizar muy bien su actuación, pues se exponen a demandas nominales que les podrían traer un grave perjuicio económico.
Martínez de la Pera admitió que habló con uno de los ediles “como amiga” y que quizás se expresó mal al decir demandas nominales porque ella es psicóloga, no abogada. Agregó que en ningún momento quiso amenazar a nadie. Solo “expreso lo que supuestamente es de público conocimiento y que está en la ley de Contrataciones Públicas” (sic), indicó. Pero en dicha Ley no existe tal cosa.
Asimismo, la concejala interina Baldomera Chaparro, a las 14:00 de ayer, convocó a una sesión extraordinaria para las 18:00 siendo que en el reglamento interno se establece que la convocatoria a asamblea no ordinaria debe hacerse con un mínimo de doce horas de antelación.
Dos horas después, la reunión fue desconvocada sin mayores explicaciones a los concejales. El único punto del orden del día establecido era la aprobación del proyecto de resolución que fue elaborado el viernes último por un grupo de gente interesada en el proyecto y viralizada a través de grupos de WhatsApp, sin ningún estudio previo por parte de los concejales.
En el texto había tres puntos: 1. Revocar la resolución de cancelación del contrato, manteniendo vigente el acuerdo firmado en julio. 2. Establecer una mesa de diálogo para analizar las cláusulas del acuerdo, y 3. Incluir los acuerdos arribados en forma de adendas o anexos en el contrato respectivo.
Tres serían los concejales que apoyaron este proyecto que pretende primero aprobar un contrato para luego hacerle cambios: Baldomera Chaparro, quien no quiso decir cuándo convocaría a una nueva sesión extraordinaria luego del fiasco de la primera llamada; Pedro Acosta (independiente), quien en varias ocasiones expresó su apoyo a Afara y Pedro Carballo (PLRA), quien siempre defendió el leonino acuerdo.
Los demás concejales dijeron que no cambiarán su postura –de rechazar la concesión– a pesar de la presión de un pequeño grupo de personas interesadas en el proyecto, que fue concebido de forma ilegítima, dijeron, ya que no se realizó licitación alguna y los acuerdos en nada benefician a la comunidad. El contrato ni lo leyeron o analizaron en su momento como correspondía, según señalaron, y por lo cual se pidió disculpas.
Contrato leonino
Afara Salomón y el intendente Luis Aguilar firmaron un acuerdo de explotación exclusiva de las playas Rotonda y Ciclovía, en julio último, por el término de cinco años, con una supuesta inversión de G. 2.600 millones por parte del empresario. De ese monto, G. 1.000 millones corresponden a obras de infraestructura (no especificadas en el documento), realizadas con materiales desmontables que luego podrán ser retirados por el gestor o cobrados a la Comuna en su defecto. G. 1.100 millones de la cifra total citada, corresponden a la organización de eventos en el lugar, que solo generarán ingresos al gestor. Del resto (G. 500 millones en efectivo), podrá ser cobrado el 50% (G: 250 millones) recién en abril del 2021 y el saldo en el 2022 y 2023.
Intendente pide calma
El intendente Luis Aguilar (PLRA) dijo que los concejales deben actuar conforme a la razón y a sus convicciones, sin aceptar ningún tipo de imposición por parte de nadie.