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El Parque Nacional Caazapá igualmente se encuentra a merced de los depredadores, refieren los testimonios.
Aborígenes de la parcialidad mbya guarani del citado distrito señalaron que el jueves en horas de la noche, un tractor cargado con madera aserrada salió sin ningún tipo de problema del área de reserva del Parque San Rafael. La carga fue llevada hasta la zona de Toro Blanco, donde tienen un depósito clandestino y desde donde se vuelve a alzar en camiones grandes con destino a los mercados de San Juan Nepomuceno o directamente a Asunción o Ciudad del Este.
El mismo tractor, uno de color amarillo, el día siguiente (viernes) volvió a hacer el mismo trabajo sin que nadie intervenga y el sábado ya le fue imposible a los taladores porque hubo lluvia en la noche anterior, señalaron los nativos.
Los indígenas, quienes hablaron bajo la condición de que no se publique sus nombres debido a que los depredadores toman siempre represalias porque tienen la protección de los efectivos policiales de la región. El accionar de los obrajeros no para porque pese a que sus caminos están llenos de agua igual se ingenian para hacer cruzar las maderas. Impunidad
Según los datos, un solo patrón es el que domina la mafia de la venta de madera aserrada de la zona de San Rafael que se encuentra hacia el departamento de Caazapá. Se indica como sospechoso a Amalio Sánchez, de la compañía Enramadita del distrito de Tava’i, departamento de Caazapá.
Igualmente, los depredadores de la zona de San Rafael hacen cruzar las maderas aserradas a la zona de los asentamientos Kavaju Kangue y 11 de Mayo, donde los depredadores cuentan con la protección de los mismos vecinos, quienes alegan que la actividad maderera ilícita es el único sustento.
En la misma zona de Kavaju Kangue se encuentra un área denominada Santa Inés, entre los departamentos de Caazapá e Itapúa, dentro del área protegida San Rafael, donde la extracción de madera es intensa. En ese lugar, actualmente hay más de 2.000 rollos listos para ser transportados, según los informes.
Llamativamente, los funcionarios y autoridades de la Secretaría del Ambiente (Seam), que deberían realizar los controles en la zona, desaparecieron totalmente. Las críticas contra dicha institución abundan justamente porque a pesar de existir leyes que protegen los pocos bosques que quedan, la deforestación continúa.
Tratamos de hablar con los fiscalizadores de dicho organismo, pero no atendieron sus teléfonos móviles.