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La empresa Sertran Paraguay está realizando controles de tránsito en tres municipios de nuestro país, a través de cámaras en los semáforos y radares para medir la velocidad de los vehículos. Pero ahora está proyectando monopolizar las vigilancias en las rutas nacionales e internacionales, construidas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Sertran tiene contratos de servicios firmados con los intendentes de Ypacaraí, Raúl Fernando Negrette (PLRA); de Ñemby, Héctor Lucio Lesme (PLRA); de Hernandarias, Carmen Alvarez (ANR), y de Coronel Oviedo, Jorge Morales (ANR). Actualmente está proyectando ampliar el servicio y anular la actuación de las instituciones públicas en las rutas, especialmente la Policía Caminera.
Las concesiones fueron por adjudicación directa, primero, y luego se realizaron las licitaciones, pero viciadas de nulidad y en complicidad con la mayoría de los concejales de las 4 ciudades.
Los controles
Los primeros servicios de control en los cuatros municipios implementados por Sertran fueron a través de las cámaras instaladas en los semáforos para detectar el cruce de luz roja y la colocación de radares para las "fotomultas" por exceso de velocidad.
Los mismos servicios intentó implementar en la Ruta III, en Limpio, pero Petronio Muñoz no pudo convencer al intendente Roberto Gómez Verlangieri (PLRA). Mientras que en Caacupé, después de tener todo preparado, con contrato firmado, el asesor jurídico de la intendencia, Jorge Ramírez, se percató de las irregularidades y violaciones y recomendó frenar el "proceso".
A los servicios ya implementados, ahora quieren agregar el control de luces bajas encendidas (facultad de la Policía Caminera), control de los sobrepesos de carga (facultad de la Dirección de Pesaje del MOPC), control de alcoholemia (facultad de la Policía Nacional y la fiscalía), control de estacionamiento, campaña de seguridad y educación vial y otros con equipos fabricados para necesidades específicas.
La firma Sertran comenzó a distribuir las propuestas en las que se nota claramente su pretensión atribuirse funciones de la Policía Caminera y otros organismos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como la Dirección General de Vialidad y la Dirección de Pesaje. Asimismo, con una propuesta de control hasta de alcoholemia pretende abrogarse hasta facultades otorgadas actualmente a la Policía Nacional y a la fiscalía.
Los directivos de la empresa Sertran y los intendentes de las municipalidades no están lejos de su objetivo. Todo depende de la decisión de los miembros de la Corte Suprema de Justicia Miguel Oscar Bajac, Antonio Fretes y Víctor Núñez.
Se encuentra en estudio el Art. 12 de la ley "Orgánica Municipal", que les prohíbe realizar cualquier control sobre las rutas nacionales e internacionales. Si los ministros declaran la inconstitucionalidad de tal artículo, tanto Sertran y los municipios podrán hacer lo que se les antoje.
Mientras, la referida empresa y los municipios están operando con una medida cautelar de la Corte. Por otra parte, también ambos corren el riesgo de devolver todo lo cobrado.
Sertran tiene contratos de servicios firmados con los intendentes de Ypacaraí, Raúl Fernando Negrette (PLRA); de Ñemby, Héctor Lucio Lesme (PLRA); de Hernandarias, Carmen Alvarez (ANR), y de Coronel Oviedo, Jorge Morales (ANR). Actualmente está proyectando ampliar el servicio y anular la actuación de las instituciones públicas en las rutas, especialmente la Policía Caminera.
Las concesiones fueron por adjudicación directa, primero, y luego se realizaron las licitaciones, pero viciadas de nulidad y en complicidad con la mayoría de los concejales de las 4 ciudades.
Los controles
Los primeros servicios de control en los cuatros municipios implementados por Sertran fueron a través de las cámaras instaladas en los semáforos para detectar el cruce de luz roja y la colocación de radares para las "fotomultas" por exceso de velocidad.
Los mismos servicios intentó implementar en la Ruta III, en Limpio, pero Petronio Muñoz no pudo convencer al intendente Roberto Gómez Verlangieri (PLRA). Mientras que en Caacupé, después de tener todo preparado, con contrato firmado, el asesor jurídico de la intendencia, Jorge Ramírez, se percató de las irregularidades y violaciones y recomendó frenar el "proceso".
A los servicios ya implementados, ahora quieren agregar el control de luces bajas encendidas (facultad de la Policía Caminera), control de los sobrepesos de carga (facultad de la Dirección de Pesaje del MOPC), control de alcoholemia (facultad de la Policía Nacional y la fiscalía), control de estacionamiento, campaña de seguridad y educación vial y otros con equipos fabricados para necesidades específicas.
La firma Sertran comenzó a distribuir las propuestas en las que se nota claramente su pretensión atribuirse funciones de la Policía Caminera y otros organismos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como la Dirección General de Vialidad y la Dirección de Pesaje. Asimismo, con una propuesta de control hasta de alcoholemia pretende abrogarse hasta facultades otorgadas actualmente a la Policía Nacional y a la fiscalía.
Los directivos de la empresa Sertran y los intendentes de las municipalidades no están lejos de su objetivo. Todo depende de la decisión de los miembros de la Corte Suprema de Justicia Miguel Oscar Bajac, Antonio Fretes y Víctor Núñez.
Se encuentra en estudio el Art. 12 de la ley "Orgánica Municipal", que les prohíbe realizar cualquier control sobre las rutas nacionales e internacionales. Si los ministros declaran la inconstitucionalidad de tal artículo, tanto Sertran y los municipios podrán hacer lo que se les antoje.
Mientras, la referida empresa y los municipios están operando con una medida cautelar de la Corte. Por otra parte, también ambos corren el riesgo de devolver todo lo cobrado.