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De dicho total el ente contralor constató que el actual director de la Dirección Nacional de Transporte y jefe de jefe de campaña del candidato a gobernador oficialista José María Ibáñez, abonó G. 470.303.923 por construcciones. Sin embargo, no existen documentos que respalden tales pagos.
Asimismo, las distintas comisiones (vecinales y otras), beneficiadas con transferencia de la comuna, no presentaron en tiempo y forma las rendiciones de cuentas por un total de G. 446.891.800, sin que se pudiera comprobar si el dinero llegó a destino.
Otra irregularidad señalada por los auditores es que se realizaron pagos por G. 52.431.096 del fondo de la Caja Chica, sin que la institución cuente con un reglamento para la utilización del rubro. Enfatizan que presentan debilidades administrativas en el manejo de dichos fondos.
Además, se constató una diferencia de G. 46.840.755 entre el presupuesto actualizado, según modificaciones presupuestarias, y el presupuesto presentado en el expediente de la CGR Nº 2070/2007. También llamó la atención de los profesionales que la comuna haya hecho una erogación de G. 146.047.421 por la deuda flotante del ejercicio fiscal 2005, sin que pudieran comprobar si dicha deuda pagada afectó el total de saldo del referido ejercicio.
En el estudio de la ejecución presupuestaria, la CGR indica que el flujo de caja del periodo comprendido entre el 01/12/2006 al 31/12/2006 arroja una diferencia faltante en sus disponibilidades por G. 220.931.920, según documentos auditados.
Salarios y dietas
Una irregularidad también constituye el pago de G. 30.750.000 a los concejales municipales por sesiones no asistidas y que se hayan otorgado adelantos de salarios por G. 38.475.000 sin que exista una planilla o resumen mensual de los sueldos pagados donde se detallen la totalidad de los vales otorgados en el mes a cada funcionario.
Igualmente, la administración municipal abonó en abril, mayo y diciembre G. 6.930.000 a Mario Acuña, por trabajos de Desarrollo del Sistema Informático. Al respecto, los auditores no pudieron visualizar contrato de trabajo suscripto entre la municipalidad y la mencionada persona, así como tampoco visualizaron informes o antecedentes sobre las especificaciones técnicas del sistema supuestamente desarrollado.
El informe será derivado a Auditoría Forense, nueva dependencia de la Contraloría, a fin de que analice si existen suficientes indicios de hechos punibles que indiquen daños al patrimonio municipal, a fin de radicar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.