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Arréllaga explicó que Payco SA es propietaria de las 2.015 hectáreas y cedió a “perpetuidad”, sin documentos, a las dos comunidades indígenas: Takuarusu y Ka’aty-mi. “La empresa nunca se comprometió a darles en forma gratuita. Sí les hemos cedido una parte para que puedan permanecer a perpetuidad, porque ellos ya estaban cuando la firma –en ese entonces– Sociedad Agrícola Golondrinas, compró”, expresó.
Indicó que en una sola ocasión hubo intensiones del Estado de comprar la propiedad. “Nosotros presentamos la oferta, pero no había la plata”, señaló.
Dijo que como una forma de garantizar la permanencia de los nativos en el predio, en el año 2016 se integraron a la mesa de diálogo conformada por la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) con el fin de otorgar en usufructo por 30 años. La propuesta sigue en estudio en la comisión de Asuntos Indígenas del Senado. “Nosotros queremos seguir con el dominio sobre el inmueble porque la protegemos de desmontes. Aunque tampoco estamos ajenos a vender al Estado”, aclaró.
Añadió que el Estado tiene mucho por hacer en las comunidades indígenas. Negó cualquier tipo de amenazas en contra de los aborígenes por parte de la empresa.