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CAAZAPÁ (Antonio Caballero, corresponsal). Los concejales departamentales se reunieron en sesión extraordinaria el miércoles último para estudiar la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de la administración de los gobernadores Celina Roa de Morel (colorada cartista) y Pedro Díaz Verón (colorado abdista).
Morel estuvo en el cargo desde el 19 de enero hasta el 14 de agosto como sucesora del actual diputado Avelino Dávalos (colorado cartista), mientras que Díaz Verón, corresponde del 15 de agosto al 31 de diciembre de 2018.
Díaz Verón es hermano del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, imputado por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El dictamen de la comisión asesora de Hacienda y Presupuesto de la corporación legislativa departamental, integrada por los ediles Antonia López y Benjamín Adaro Monzón (colorados); Michel Martínez y Benigno Báez (liberales) y Emilio Tillería (FG), recomendó el rechazo de la rendición de cuentas del periodo administrado por Morel porque se realizaron pagos millonarios por obras, almuerzo escolar, merienda escolar y transferencias a comisiones vecinales, que no fueron presentados los documentos que justifiquen las erogaciones, según el administrador de la Gobernación de Caazapá, Víctor Perdomo.
Los miembros de la comisión explicaron que no pueden emitir opinión sobre la veracidad y legalidad de los citados gastos, porque no accedieron a los documentos respaldatorios para verificar denominaciones de las empresas, personas o de instituciones beneficiadas con los millonarios pagos.
Por otro lado, el dictamen de la comisión asesora de la Junta Departamental aconsejó aprobar la gestión de Díaz Verón. La recomendación fue sometida a votación y fue aprobada por la mayoría.
Intentamos conocer la versión de la ex jefa departamental, Celina Roa de Morel, pero su celular estaba apagado. Estamos abiertos en caso de que desee hablar.
Faltante de G. 30.000 millones
La Junta Departamental de Caazapá había denunciado el 27 de diciembre de 2018 ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción al actual diputado Avelino Dávalos (colorado cartista) por un supuesto faltante de G. 30.000 millones. La cifra se desprende de una auditoría interna realizada al periodo 2013-2018 cuando Ávalos se desempeñaba como gobernador. Los ediles se quejaron de que no existen avances en el caso, pese a que transcurrieron casi tres meses; está cajoneado.