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VILLARRICA (Carlos Ávalos, corresponsal). En forma unánime la Junta Departamental de Guairá, en sesión ordinaria del viernes último rechazó la rendición de cuentas correspondiente de agosto a diciembre del año 2018, presentada por el jefe departamental, Juan Carlos Vera Báez (ANR, abdista). El argumento fue el hallazgo de supuestas irregularidades, como sobrefacturación de varias obras y malversación de fondos.
Según los ediles, uno de los hechos más llamativos fue la utilización de más de G. 700 millones, presupuestados para asistencia social, para cubrir salarios de funcionarios del policlínico “San Miguel”, dependiente de la Gobernación.
También detectaron transferencias por más de G. 600 millones a comisiones vecinales del distrito de Independencia para la construcción de dos pozos artesianos. Argumentaron que la cifra es muy exorbitante.
Expresaron que el jefe departamental igualmente menciona la construcción de empedrados en dos barrios de Villarrica, por más de G. 200 millones, pero no especifica las direcciones.
Por otro lado, los ediles cuestionaron la adjudicación para la construcción de 2.200 metros de empedrado en el distrito de Independencia a la empresa “Cañiza Construcciones” de Orlando Gusther Cañiza, por más de G. 2.030 millones. La empresa ya cobró G. 1.000 millones, pero la obra avanzó apenas 300 metros. Además, el plazo para la entrega feneció a principios de este mes, expresaron.
Por último, los concejales denunciaron que el jefe departamental ordenó el pago en su totalidad, más de G. 600 millones, a la empresa “Studio Constructora”, representada por Stilver Domínguez Martínez, por la construcción de empedrados en siete tramos en Paso Yobái. Afirmaron que la empresa vinculada al diputado Éver Noguera (ANR, abdista) realizó los trabajos solo en dos tramos, y cinco quedaron sin terminar.
Dice que tiene documentos
El gobernador Juan Carlos Vera (ANR, abdista), por su parte, señaló que cuenta con todos los documentos respaldatorios de su gestión. Negó las supuestas sobrefacturaciones de varias obras. Aseguró que las firmas fueron adjudicadas luego de una licitación y corresponden a las ofertas más bajas.
Por otro lado, admitió que en algunas ocasiones tuvo que pagar salarios del personal de blanco del policlínico “San Miguel” usando el monto asignado para acción social.