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Todo se inició cuando cinco familias que ocupan unas 200 hectáreas y que poseen títulos de propiedad tuvieron que pasar por un juicio de desalojo, pero los defensores de los afectados presentaron un amparo para evitar que sus clientes sean afectados en sus derechos. La jueza penal de Garantías Marta Elodia Romero de Vera concedió el amparo. Sin embargo, pese a esa medida, se llevó a cabo el desalojo, por lo que se denunció nuevamente ante la jueza que su orden fue desacatada. Para corroborar el hecho se designó al fiscal Julio César Yegros Ojeda.
El agente del Ministerio Público al llegar al inmueble encontró a guardias privados y los demoró para ser identificados.
Esta actuación fue tomada por la contraparte en este caso que es encabezada por César Cirilo Martínez Pujol, como que la magistrada y el fiscal actuaron de mala manera y los denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Los abogados Caballero y Delgado señalaron que no hubo mal desempeño en las funciones de los denunciados y es más, apuntaron que la jueza y el fiscal solo cumplieron con sus atribuciones. A decir de los letrados, el juez Carlos Martínez Ávalos, quien es del fuero penal fue quien obró de mala manera ya que dio trámite al pedido de desalojo o sea se tomó atribuciones de juez del fuero Civil y Comercial para dictar la orden que salió el 23 de diciembre de 2014. Este juicio se hizo a espaldas de los denunciados y nunca fueron notificados, para poder ejercer su defensa. Solo se les comunicó que debían salir de sus tierras ocupadas desde hace más de 30 años, dicen los abogados.