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CIUDAD DEL ESTE (Redacción regional).-La Municipalidad de Ciudad del Este prosiguió ayer con la demolición de puestos de venta y edificios que estaban en el citado espacio público de esta localidad y que había comenzado el sábado por la tarde, en medio de protestas e incidentes.
Varios de los ocupantes se habían negado a abandonar sus puestos de trabajo, pero fueron sacados del sitio por efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía. Unos 300 agentes acompañan el procedimiento, que siguió el domingo y ayer, cuando apenas quedaban dos estructuras por demoler.
Hasta el cierre de esta edición, solo parte del Shopping Cristal faltaba derruir, y ello no se concretaba porque los comerciantes y vendedores, junto con el precandidato a intendente municipal Ulises Quintana y referentes del grupo civil Frente Ciudadano, se quedaron dentro para tratar de impedir el derribo del local.
El paseo central de la avenida Mons. Rodríguez había sido ocupado paulatinamente desde la dictadura de Alfredo Stroessner, hasta que se convirtió en un centro comercial más en un espacio público.
Por su parte, miembros del Frente Ciudadano anunciaron ayer que denunciarán por mal desempeño en sus funciones a 9 jueces de diferentes ciudades de Alto Paraná ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Senadores, por no haber concedido el amparo constitucional que pidieron y que buscaba evitar las demoliciones.
Uno de los abogados del grupo social, Crecencio Molinas, explicó que la denuncia también alcanzará al juez de primera instancia en lo civil y comercial, Aldo León, quien había otorgado una medida cautelar de prohibición de innovar, que beneficiaba al Shopping Cristal, sin embargo, un día después levantó la medida en un juicio de interdicto con sentencia judicial firme y ejecutoriada, refirió el letrado.
Molinas relató que el viernes último los afectados recorrieron juzgados de cuatro ciudades para solicitar la medida de urgencia y que todos los jueces se inhibieron.
Cadena de abstenciones
Primeramente, el recurso se presentó en el juzgado de primera instancia a cargo de Amílcar Marecos, quien se negó a atender el caso, según la queja. La jueza de garantías de la capital departamental María Luisa de Añazco también se opuso a conceder el amparo, pues manifestó que su pareja es funcionario de la Municipalidad de Ciudad del Este.
El magistrado de la Niñez y la Adolescencia Marino Méndez igualmente se inhibió de atender el expediente. La recorrida de los afectados siguió en Presidente Franco, donde la magistrada Carolina Dávalos tampoco accedió al amparo. También se abstuvieron los magistrados de Hernandarias Silvio Rojas y Roberto Macorito, la jueza de Itakyry Eresmilda Román Paiva y el juez de garantías Raúl Insaurralde.
“Según los argumentos que recibimos de una jueza, que el propio Javier Zacarías Irún (esposo de la intendenta local Sandra McLeod) les amenaza con mandarlos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (si conceden el amparo). Este señor ha tejido una red dentro de la justicia para su impunidad, con un trabajo de hace 15 años en el Poder Judicial y así hacer lo que quiere”, refirió el abogado Molinas.
Cuestionó que un día antes la Municipalidad recibió una nota en la que el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, le recordaba que dicho espacio es franja de dominio bajo la jurisdicción de su secretaría de Estado. “Con este procedimiento perjudican a diez mil personas, que dicen no se conversó con ellas”, refirió el abogado.