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SAN BERNARDINO (De nuestra redacción regional). Los defensores del leonino contrato firmado por el intendente Luis Aguilar y el empresario Afara Salomón Carrasco para la explotación de las playas públicas Ciclovía y Rotonda, con carácter de exclusividad, argumentan supuesta falta de recursos comunales para el mantenimiento de los espacios de veraneo. Sin embargo, la administración generó millonarios recursos sólo por venta de espacios para publicidad de marcas.
Solo en un contrato por tres años firmado en febrero de pasado con una empresa para publicidad y promoción de una marca de gaseosas la Comuna recibió G. 1.783 millones. De esa suma, G. 1.120 millones recibió en efectivo.
Asimismo, la Municipalidad recibió del Ministerio de Hacienda más de G. 5.097 millones en concepto de royalties entre 2016, 2017 y de enero a setiembre de este año. Estos recursos deben ser destinados a mejoras de infraestructura que favorezcan a la comunidad, como el mantenimiento de playas.
En el contrato firmado en julio de este año por Afara Salomón y Aguilar se especifica que el empresario pagará G. 2.600 millones, de los cuales G. 500 millones serán en efectivo (pagaderos en cuotas en 2021, 2022 y 2023), inversiones en infraestructura física (no especificadas) por G. 1.000 millones y por organización de eventos G. 1.100 millones.
Las construcciones solo se realizarán si el gestor estima necesario para la “Unidad Turística” y podrá desmontarlas una vez que venza el contrato o cobrar un resarcimiento a la Comuna. Pero las playas, a orillas del lago Ypacaraí, tienen infraestructura que solamente necesitan mantenimiento.
El contrato fue anulado por resolución de la Junta Municipal, y el intendente Aguilar dijo que ya es un “caso cerrado”, porque hubo errores de forma al no haber recurrido a un proceso respetando normas legales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Pero el grupo integrado por comerciantes y hoteleros insiste en el plan de negociado.
Con ese afán, convocan para hoy, a las 09:00, en el salón municipal, a una reunión para hacer “correcciones al contrato” para introducirlas como adenda a fin de “legitimar” la entrega.