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El Juzgado de Paz se encuentra intervenido por denuncias del Colegio de Abogados de Limpio por presuntas irregularidades, pero no suspendieron al actuario.
Los denunciantes indicaron que recurrieron al Juzgado de Paz para gestionar un certificado de permiso del menor para un viaje al exterior y se les cobró G. 140.000 y supuestamente incluía las autorizaciones de Migraciones. En los casos de denuncias de violencia domésticas para las constituciones en los lugares cobra G. 500.000 en horario laboral.
“Ahora sabemos que todos los servicios de este tipo son gratuitos. Nos sentimos estafados por ese señor, que lucró a costa nuestra”, indicó una de las denunciantes que pidió mantener en reserva su identidad. También indicaron que Cuevas negocia con los victimarios por la suma de G. 800.000 por día para encajonar los casos denunciados sobre la Ley 1600.
En octubre de este año, intentamos hablar con Cuevas sobre las irregularidades denunciadas en su contra, pero no respondió y se encerró en la oficina. Ayer hizo lo mismo cuando quisimos escuchar su versión.
El 28 de octubre la Corte Suprema de Justicia inició una auditoría en el Juzgado de Paz de esta localidad y fue intervenida por el Juzgado Penal por presuntas irregularidades cometidas por Cuevas. En el local se encontraron 15.000 expedientes de competencia del Juzgado Penal y sin procesos finiquitados.
El Colegio de Abogados de Limpio también denunció que el que funge de actuario en el Juzgado de Paz, Facundo Cuevas, no posee título académico para ocupar dicho cargo. Los abogados lo consideran un negligente, pues entorpece las litigaciones.
Llamativamente, la Corte Suprema de Justicia no suspendió a Cuevas.