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El senador Óscar González Daher estaría operando en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en procura de salvar a sus “protegidos” de una merecida sanción: Máxima Meza de Maldonado, Manuel Saifildin Stanley y Arminda Rivas de Monges tienen responsabilidad en el caso Sarubbi.
Desde el punto de vista jurídico no tienen salvación, cometieron todas las aberraciones posibles en procura de favorecer a Enrique Sarubbi quien busca apropiarse de tierras que no le pertenecen.
El caso Sarubbi surge a partir de la sentencia del juez Manuel Saifildin Stanley, quien admitió la demanda contra un ciudadano muerto en junio de 2000. En el año 2013 el finado Francisco Feliciano Duarte perdió el juicio.
Posteriormente a la sentencia, la jueza Máxima Meza de Maldonado admitió un título de propiedad judicial sobre la finca 483 en favor de Enrique Sarubbi y ordenó el desalojo de la finca 531, propiedad de la firma HB Inmobiliaria SA, ubicada en Minga Guazú, Alto Paraná.
La fiscala Arminda Rivas de Maldonado presentó una imputación falsa contra la familia Benítez Nicolaus por supuesta responsabilidad en la falsificación del título de propiedad de la finca 531.
La Fiscalía General del Estado elaboró un informe sobre la gestión de la agente Arminda Rivas de Maldonado que confirma la falsedad de la imputación.
El mismo fiscal general Javier Díaz Verón remitió copia de la auditoría de gestión hecha sobre la fiscala de Ciudad del Este; el documento es lapidario y refleja maniobras ilegales para sostener la imputación.
Denuncia falsa
Desde el punto de vista jurídico, el caso Sarubbi se va derrumbando. El mismo inicio no pudo ser peor: una demanda donde un muerto pierde una acción judicial. Vergonzoso para el sistema jurídico del país.
Para colmo, la imputación se basó en la declaración de Humberto Zapattini, quien dijo que nunca vendió la finca 531, y la escribana Fredesvinda Verónica Pérez, quien aseguró que su firma se falsificó.
Ambas versiones sostenían que el título de origen de HB Inmobiliaria SA, cuyo accionista principal es Higinio Benítez, es falso. El peritaje técnico del Ministerio Público confirmó que la denuncia no corresponde. Humberto Zapattini y la escribana Fredesvinda Verónica Pérez presentaron testimonio falso en favor de Enrique Sarubbi para sostener la imputación presentada por la fiscala Arminda Rivas de Monges.
Presiones al juez Emilio Gómez Barrios
El Ministerio Público resolvió retirar la imputación contra Higinio Benítez, Aurelia Nicolaus y sus hijos Claudia y Fernando. Tanto la defensa de la familia Benítez Nicolaus como la Fiscalía coincidieron en que no se puede sostener la imputación y ambas partes presentaron un escrito en tal sentido al juez Emilio Gómez Barrios, de Ciudad del Este. La decisión final debe ser tomada por el titular del juzgado.
Levantar la imputación es el final de una historia montada exclusivamente para tomar posesión de un inmueble que es legítima propiedad de HB Inmobiliaria.
De acuerdo a informaciones obtenidas en Ciudad del Este, el mismo senador Óscar González Daher llamó al juez Gómez Barrios para que se mantenga la imputación.
El magistrado también fue visitado en tres oportunidades por Darío Lezcano Mendoza, un oscuro personaje que se presenta como “gestor de la Corte” y amigo personal de Óscar González Daher.