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El perito Ronald Francis González ya realizó el trabajo por disposición del fiscal Carlos Soto Narváez, quien investiga el caso. El profesional, en su informe, sostiene que la evasión, incluyendo la multa y los intereses, alcanza 182 millones de dólares.
El funcionario de la Presidencia, quien está inhabilitado para realizar una pericia en un caso judicial, dice que los discos duros de las computadoras de la Shouthern Cross SRL no son los originales, cuando el mismo nunca tuvo acceso a los originales.
"Existen además archivos de datos que fueron particularmente modificados en fecha posterior a la de entrega de evidencias por la fiscalía a los peritos contables", dice la conclusión del peritaje realizado por el técnico de la Presidencia de la República. El profesional no menciona cómo pudo establecer que los datos del disco duro fueron modificados, siendo que son los únicos que existen.
El Lic. Guaragna recibió los discos duros del fiscal Soto Narváez, a indicación del fiscal general del Estado, Oscar Germán Latorre, de acuerdo a los datos. El juez de la causa, César Nider Centurión, no tuvo conocimiento sobre la realización del mencionado nuevo peritaje.
El magistrado dispuso que se realice un peritaje como anticipo jurisdiccional en el caso. Allí no aparece el nombre del mencionado funcionario de la Presidencia de la República.
El objetivo es encubrir la descomunal evasión que, atendiendo a los datos, asciende a 182 millones de dólares.
El Ministerio Público, en lugar de buscar aclarar el caso de la evasión, utiliza diversos mecanismos para dejar impune el hecho, ahora con el apoyo de la propia Presidencia de la República.
El primer peritaje lo hizo el Lic. Pablo Sacco, en base a los documentos de la contabilidad en negro que fueron encontrados las oficinas de la importadora. El profesional dijo que la evasión, teniendo en cuenta las multas y los intereses, asciende a 150 millones de dólares.
El perito Ronald González realizó el peritaje en los discos duros y encontró que el monto que debe ingresar a las arcas del Estado es de 182 millones de dólares. La diferencia es debido a que no existía en los documentos contables la última operación de unos 30 millones de dólares.
Igualmente el perito Sacco realizó otro peritaje en base a los documentos contables en blanco, o legales de la importadora, donde supuestamente no existe evasión.