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En los juzgados de Ciudad del Este las leyes tienen un valor relativo: el marco jurídico se ajusta a intereses de potenciales financistas.
No importa el nivel de disparate del pedido, los magistrados se encargan de solucionar y dar visos de legalidad a actos que en realidad son delictivos.
La ley es letra muerta en Ciudad del Este y los jueces actúan de sepultureros. Lo peor de todo es a nadie importa, salvo a las víctimas de un sistema perverso que está causando estragos en el estado de derecho.
La Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia en el Alto Paraná esta integrada por los ministros Sindulfo Blanco y Gladys Módica de Bareiro.
Si a los mismos ministros de la Corte Suprema de Justicia no les importa lo que sucede en Ciudad del Este, ¿qué se puede esperar de aquellos magistrados que están lucrando con sentencias groseras y aberrantes?
Disputa en torno a embargo de granos
La abogada Victoriana Cáceres asumió hace un par de meses el cargo de magistrada en Ciudad del Este. No es nueva en el ambiente, lleva unos 10 años cumpliendo diversas funciones en el Poder Judicial, en el Alto Paraná.
Conoce los tejes y manejes desde dentro del sistema, sabe cómo manipular las leyes de acuerdo a los intereses de turno y esta habilidad la está demostrando en el caso Eisen.
En este momento existe una dura disputa en torno a cuatro mil toneladas de soja, cultivados en la propiedad de la familia Eisen por la firma Agro Nikas SA.
El pasado 6 de febrero, el juez Rafael Jacobo, de Santa Rita, ordenó el embargo de cuatro mil toneladas de soja. El mandato judicial fue reiterado el 12 de febrero, con apercibimiento al comandante de la Policía Nacional, Pastor Alvarenga Núñez.
El 26 de febrero, luego de denuncias periodísticas, se cumplió la orden de embargo en contra de Agro Nikas SA.
El juez Rafael Jacobo fue recusado por los abogados de Agro Nikas y el expediente fue remitido a Ciudad del Este, cayendo en el juzgado de la jueza Victoriana Cáceres.
Insólita decisión
Agro Nikas SA solicitó al juzgado el levantamiento de la medida cautelar sin tercería, siendo este un mecanismo procesal donde no se discute el fondo del litigio sino la propiedad del bien embargado, es decir, los granos.
La firma pidió levantar el embargo sin tercería, es decir no entró a discutir los créditos que dieron origen al embargo.
La jueza Victoriana Cáceres, sin embargo, dictó una resolución en los mismos términos que se concede una tercería, beneficiando exclusivamente a Agro Nikas SA sin dar oportunidad a la contraparte.
Agro Nikas SA, en este momento, puede disponer de la cosecha de granos.
Para colmo de males, la jefatura de policía de Itapúa actúa en complicidad con la firma que está usurpando una propiedad privada.
El comisario Gerardo Sosa, jefe de la policía departamental, retiró la custodia policial que permitía acompañar el embargo dispuesto inicialmente por el juez Rafael Jacobo.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inició una investigación de oficio a la recién nombrada jueza Victoriana Cáceres.
El caso paso ahora en manos del magistrado Aldo León, de Ciudad del Este.
roque@abc.com.py