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FERNANDO DE LA MORA (Antonia Delvalle C., corresponsal). Los ediles que rechazaron la ejecución presupuestaria son los liberales Alcides Riveros, Gustavo Núñez, Rosa Benítez de Franco, José Solís, Miguel Ángel Sanabria y los colorados Armando Segovia e Inocencia “Techi” Oviedo.
Pese a la importancia de la sesión se ausentaron Roque Piñánez y Gustavo Almada (ambos de ANR), mientras que Alexis Ocampos (PLRA) llamativamente llegó tarde. Con permiso estuvieron los colorados Feliciano Colmán y Víctor Isasi.
De acuerdo a lo resuelto no existe explicación por parte del intendente Édgar Quintana de por qué no se honraron las deudas. Hay compromisos arrastrados desde 2011 con proveedores, cuando el monto inicial era de G. 1.327 millones. En 2012 subió a más de G. 2.668 millones; en 2013, a G. 3.238 millones, y actualmente totaliza G. 5.324 millones.
Otras deudas impagas son un préstamo por G. 1.303 millones; bonos emitidos por G. 3.600 millones; no trasferencia del 15%, en concepto del impuesto inmobiliario al Ministerio de Hacienda y a la Gobernación de Central por más de G. 2.252 millones. Totalizan G. 7.000 millones.
Suma en contra un juicio ejecutivo que la Comuna afronta por cobro de G. 4.233 millones, iniciado por la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.
Los ediles indican que no pudieron hacer un estudio acabado del balance general porque el ejecutivo municipal no remitió la conciliación bancaria, para la comparación con los informes de la planilla de la ejecución presupuestaria.
Asimismo cuestionan severamente al intendente porque no respondió nunca los pedidos de informes sobre qué proyectos y obras se ejecutaron con fondos de royalties (G. 6.370 millones) y Fonacide (3.338 millones), que fueron requeridos mediante Resolución Nº 1788.
Señalaron que, además de no acceder al legajo de gastos, el Municipio procedió a la contratación directa para reparación de calles empedradas y asfaltadas pero que no saben dónde se realizaron dichos arreglos, porque la mayoría de las calles siguen minadas de cráteres y pozos.
Argumentan que la Ley Orgánica Municipal 3966/10, artículo 207, indica que en caso de no remisión de las documentaciones requeridas es causal de rechazo de la ejecución presupuestaria. El ejecutivo municipal dispone de 30 días para vetar.
El intendente Quintana no respondió a nuestra llamada para dar su versión.