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El atropello a la propiedad privada ocurrió en la tarde del miércoles 25, en la compañía Yaku’i Guasu, distrito de Mayor Otaño, departamento de Itapúa.
Al mediodía de aquel día llegaron 150 efectivos policiales a la propiedad de la familia Raiter. La finca está arrendada a la empresa Sienna SA para el cultivo de granos. La fuerza policial escoltaba a cosechadoras de la firma Agro Silo Santa Catalina SA, cuyo presidente es Lucas Marini Favero.
El conflicto guarda estrecha relación con el senador Óscar González Daher: Marino Raiter y Marilene Penkal de Raiter denunciaron a la escribana Nélida Chávez (esposa del legislador) por supuesta falsificación de sus firmas para montar hipotecas.
Los documentos con firmas falsas son utilizados por el Grupo Favero para reclamar el pago de millonarias deudas que en realidad no existen.
Sobre el mismo delito de falsificación, el Ministerio Público ya cuenta con el resultado del dictamen 353/15, en que consta que la firma del matrimonio Raiter fue falsificada.
En la tarde del miércoles último, empleados de Sienna SA cubrieron el sendero de acceso al campo de cultivo con diversos vehículos, en procura de impedir el ingreso de las cosechadoras de Agro Silo Santa Catalina, empresa que integra el Grupo Favero.
Los efectivos policiales se ensañaron con los empleados de Sienna SA. Hubo detenidos y personas que debieron ser evacuadas al hospital distrital de Mayor Otaño para recibir auxilio médico.
La represión policial comenzó a las 14:19 aproximadamente. A las 12:37, la jefatura departamental de Itapúa recibió el oficio Nº 6, con fecha 25 de enero, donde la jueza Rossana Verón de Arca comunica a la Policía medidas cautelares en favor de Sienna SA, ordenando seguridad y protección para la empresa.
Represión
Teniendo la orden judicial en su mano, la jefatura policial ordena reprimir a los empleados de Sienna SA, tarea que fue llevada a cabo por el jefe de orden y seguridad de Itapúa, comisario Fidel Godoy Elli.
La Policía Nacional optó por dejar de lado una orden judicial, expedida por juez competente, y seguir su hoja de ruta: abrir camino a las cosechadoras del Grupo Favero para tomar posesión de granos ajenos.
Esa misma tarde, el comisario Rubén Barrios Bagnoli, jefe de la policía departamental, remitió una nota a la jueza Rossana Verón de Arca solicitando una aclaratoria sobre la medida de proteger a Sienna SA, considerando la existencia de otro mandamiento de secuestro de granos.
El comisario Rubén Barrios Bagnoli tuvo en sus manos la medida cautelar casi dos horas antes de la violenta represión.
En la mañana de ayer, el comisario Rubén Barrios Bagnoli nuevamente se dirigió por escrito a la jueza Rossana Verón de Arca y comunica lo siguiente: “La Policía Nacional ha suspendido el acompañamiento al oficial de justicia hasta tanto se resuelva en el ámbito judicial el alcance de los mandamientos de secuestro y embargo de soja y la medida de urgencia”.
No contento con eso, el comisario Barrios Bagnoli remitió ayer una nota al fiscal Walter Castro pidiendo “oficio judicial para dar cobertura de seguridad a la maquinaria propiedad de la empresa Agro Silo Santa Catalina”.
¿Rubén Barrios es abogado del Grupo Favero?
Ayer, cerca de las 17:30 efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) ingresaron de nuevo en la propiedad. Sin orden judicial, sin acompañamiento fiscal, efectivos del GEO fuertemente armados se instalaron alrededor de la maquinaria del Grupo Favero, para resguardar los equipos.
roque@abc.com.py