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FUERTE OLIMPO, Alto Paraguay (Carlos Almirón, corresponsal). Pobladores de este distrito exigieron que el intendente, Sergio Cuéllar (ANR), explique qué hizo con los G. 139 millones destinados a almuerzo escolar de dos escuelas indígenas. También, de G. 118 millones para mantenimiento de caminos y más de G. 133 millones para un tinglado multiuso.
Según la denuncia de un grupo de indígenas, acompañados por el secretario de Educación de la Gobernación de Alto Paraguay, Arnaldo Romero, el intendente hizo figurar que en 2015 los alumnos de las escuelas primarias de las comunidades indígenas de María Elena –donde viven los Tomarahos– y la de Virgen Santísima –de los Ishir– recibieron merienda escolar.
La firma adjudicada es F & F Asociados SA, de Silvia Raquel Franco, pero los alumnos reciben el alimento distribuido por la Gobernación.
Otro caso que pesa contra el intendente Sergio Cuéllar (ANR) es la supuesta construcción de un tinglado municipal en la localidad de María Auxiliadora, asentada a unos 120 km del casco urbano de este distrito.
La obra demandó más de G. 133 millones y le fue adjudicada a Dicopal SA, representada por Verónica Mendoza. Los pobladores aseguraron que no existe tal infraestructura.
Además, requieren al jefe comunal que explique la entrega de unos G. 118 millones para la supuesta reparación de caminos entre las comunidades de Toro Pampa y San Carlos. La Comuna encargó esta mejora a la firma DJA & Asociados, representada por José Félix Ramírez, de acuerdo con los datos.
Cuéllar dijo que el Ministerio de Educación desautorizó la entrega de almuerzo escolar porque la Gobernación cubre el servicio y aseguró que el dinero está en una cuenta corriente de la Municipalidad en un banco.
Por otro lado, dijo que intimó a la empresa adjudicada para que inicie la construcción del tinglado, que se atrasó por el mal estado de los caminos.
En cuanto al dinero para obras viales, señaló que en varias ocasiones la Comuna pagó la reparación de caminos de zonas críticas.
Finalmente, refirió que solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) la realización de una auditoría de su gestión administrativa para determinar si existen o no las irregularidades por las cuales le acusan.