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SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal).Las sospechas de sobrefacturaciones en las obras encaradas por la Comuna surgieron a partir de la caída de dos portones sobre unos alumnos de la escuela “Luis Alberto del Paraná” y un aula del colegio Nueva Esperanza, de Capilla del Monte, estuvo a punto de derrumbarse.
La denuncia contra Ferrer se presentó en noviembre de 2015 y está a cargo de la fiscala Viviana Riveros, pero hasta el momento poco o nada avanzó en la investigación, aseguraron.
Se quejaron de la lentitud de la justicia para castigar a los potenciales ladrones de “guantes blancos”, mientras que para mandar preso a un ladrón de gallinas lo hacen sin mayores trámites, refirieron.
Los vecinos organizados le explicaron a Gaona que el Ministerio de Hacienda transfirió a la Municipalidad en 2013 más de G. 9.549 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
De ese total usó unos G. 8.700 millones para obras sin llamar a licitación, pese a la exigencia de la ley, según un informe de la Contraloría General de la República, lo que dio pie a múltiples irregularidades, indicaron.
“No es nada personal contra Albino lo que nos moviliza, sino que se utilice bien el dinero público”, dijo Pastor Filártiga, del grupo Che Kuerái.
¿Acaso se debe esperar un derrumbe, muertes, para actuar? preguntó después.
El fiscal adjunto señaló que el retraso en la investigación se debe a que para todo el país se cuenta con solo dos arquitectos que deben verificar las obras.
Justificó que el 98% de la investigación depende de otras instituciones. Además, se comprometió en apoyar a la fiscal Riveros y darle 60 días para que muestre resultados.