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La Junta Municipal de La Colmena aprobó por mayoría la resolución número 100/ 2018 para la intervención de la administración comunal; siete de los nueve concejales votaron a favor. El pedido fue presentado el 10 de setiembre en el Ministerio del Interior, cuyo titular es Juan Ernesto Villamayor.
En la solicitud enumeran presuntas irregularidades cometidas solo en el año 2017 por el intendente, el colorado cartista Mario Melgarejo (ver resumen en infografía).
Los concejales Gustavo Tomás Montiel Miyamoto, Anselmo Esteche, Alfredo Yhunichi Uesugui Chiba (presidente de la Junta Municipal) y Julio Garay, todos colorados cartistas, y Diego Garcete (PLRA), durante una visita realizada ayer a nuestra redacción central explicaron el motivo del pedido de intervención de la administración comunal. Resaltaron además que el bloque crítico a la gestión del jefe comunal también integran Julio Bordón (FG) y Mirian Benítez (PLRA).
Por otro lado, Juan Domingo Caballero y la profesora Dora Lezcano de Cardozo, ambos colorados cartistas, apoyan a Melgarejo.
Los concejales denunciaron que Melgarejo no responde los pedidos de documentos respaldatorios del balance de su gestión. Aseguraron que no contesta las solicitudes de informes sobre denuncias de erogaciones irregulares.
Al no tener los documentos respaldatorios, la Junta Municipal rechazó la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2017 presentado por Melgarejo. Denunciaron sus acusadores la mala utilización de unos G. 1.000 millones, que incluye G. 460 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) destinados a obras en el polideportivo municipal.
Las obras fueron divididas en tres partes para eludir el llamado a licitación exigido por ley, denunciaron los ediles. Fueron adjudicadas a Grupos Ideas SA (representado por Cristhian Emanuel Ojeda) y Marcelo Construcciones (Marcelino Torres).
Por su lado, Melgarejo dijo que ante los pedidos de informes y respaldos documentales invitó a los concejales a que concurran a la secretaría general de la Intendencia para verificar los documentos. También les propuso exhibir los papeles originales para que los verifiquen todo un día y luego los devuelvan a la jefatura comunal.
Afirmó que el pago de G. 37 millones a Neo Automecánica se realizó y que el propietario cobró e incluso declaró el IVA.
En cuanto al fraccionamiento de obras para evitar llamar a licitación, dijo que cumplió el trámite y que el uso del dinero del Fonacide corresponde porque el polideportivo es utilizado por estudiantes para olimpiadas.
Respecto al cobro de G. 104 millones de tributos a Cardozo Automotores, señaló que es el monto que corresponde, de acuerdo a la liquidación hecha.
Finalmente, indicó que las denuncias obedecen a una “persecución política”.