Piden el inmediato cierre del canal abierto para desviar el río Tebicuary

Pobladores de la colonia Santa Rosa de Lima, ubicada en Yuty, exigen el inmediato cierre del canal de 3.000 metros construido ilegalmente por arroceros para desviar el río Tebicuary. Las autoridades del Ministerio Público y del Juzgado de Garantías se limitaron a ordenar la suspensión de los trabajos, pese a que los infractores fueron sorprendidos en plena tarea sin licencia de la Seam.

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YUTY, Caazapá (Antonio Caballero, corresponsal). El canal construido por orden de Martín Lukasch tiene 3.000 metros de largo, entre cinco a diez metros de ancho y tres de profundidad. Los pobladores indicaron que si no tapan el canal, en cualquier momento será utilizado por los arroceros, alentados por la benevolencia fiscal y judicial.

Advirtieron además que en el lugar continúan trabajos de construcción de la línea de energía eléctrica trifásica para la instalación del motor para bombear.

Los pobladores aclararon que no están en contra de la producción de arroz, pese a que no deja ningún beneficio a la población, pero que exigen el respeto al medio ambiente.

El juez de Garantías de esta localidad, Waldemar Ortiz, realizó un procedimiento el viernes (ocho días después de la denuncia) como anticipo jurisdiccional de pruebas a pedido de la fiscala de medio ambiente de Caazapá, Karina Escurra de Martínez. La representante del Ministerio Público comenzó a investigar la canalización del río Tebicuary en la colonia Santa Rosa de Lima a raíz de una publicación de nuestro diario, del 11 de octubre último.

La canalización se realiza en una parcela de la “Estancia Karaya”, dentro de la colonia, propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Martín Lukasch, encarnaceno, se prepara para cultivar unas 1.000 hectáreas de arroz en la ribera del Tebicuary.

La colonia Santa Rosa de Lima tiene 10.000 hectáreas, que fueron expropiadas por el gobierno de Alfredo Stroessner de Humberto Zarza. El Estado pagó 16 millones de dólares (más de G. 70.000 millones al cambio actual del dólar) por las tierras.

Resulta llamativo que las autoridades del Indert no hayan tomado intervención en el caso, considerando que ocurre en una propiedad adquirida para asentamiento de campesinos, pero es ocupada por arroceros, sojeros y ganaderos “foráneos” con mucho poder económico.

La fiscala Karina Escurra dijo que no pudo comenzar antes con la investigación por recargo de trabajo y porque además el juez estaba con permiso.

Indicó que no pudo ordenar medidas más severas porque Lukasch presentó un documento que indica que está gestionando la licencia ambiental.

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