La vigencia del nuevo “protocolo” del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República prolonga en exceso la ejecución de la diligencia, dijo el letrado.
El pasado 3 de mayo, unas 150 personas lideradas por los dirigentes Leonor Rivas Torres, Roberto Ortega, Rubén Villalba y Avelino Espínola Díaz se instalaron en precarias chozas dentro de la propiedad del empresario Blas N. Riquelme. Todos tienen medidas alternativas a la prisión por delito de invasión de inmueble.
Por otro lado, el 17 de mayo, un grupo de encapuchados fuertemente armados (presumiblemente los invasores), tomaron por asalto una de las casetas de los guardias de seguridad, ubicada dentro de la propiedad. Despojaron al personal de seguridad de la estancia de sus armas y enseres, amenazándolos con asesinarlos si regresaban al lugar, señaló Penzi.
El fiscal general adjunto, Éver Ovelar, señaló que aguardará el informe final de la Policía Nacional para ejecutar el procedimiento.
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“Se trata de un grupo belicoso que ya atacó la sede del Ministerio Público de Curuguaty, por lo que se requiere de una fuerte dotación policial para proceder en el lugar”, precisó.