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Las sedes se dividen en la Penitenciaría Regional de Emboscada, Granja Itá Porã y Penitenciaría Nacional Juan Antonio de la Vega. Esta última fue construida durante la presidencia del colorado Nicanor Duarte Frutos (2003-2008) por unos G. 6.000 millones.
La estructura nunca fue habilitada ante las innumerables deficiencias en la obra. Ni siquiera tenía licencia ambiental.
Sin embargo, durante el gobierno de Federico Franco (2012-2013) se realizó una inversión de G. 500 millones y la cárcel igual fue inaugurada.
Intentamos comunicarnos con el asesor jurídico de la Seam, Hugo Cañiza, pero el mismo no pudo atender nuestros requerimientos porque dijo que estaba en una reunión.
Según los anuncios, el MJT adquirió unas 30 hectáreas en las inmediaciones para la construcción de otro complejo penitenciario, por lo que existe gran preocupación de los pobladores.