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El párroco Cristian Paiva integra la coordinadora multisectorial denominada “Rebelión del pueblo”, que desde inicios de este año realizó varias denuncias sobre las irregularidades en la administración comunal, a cargo del intendente Mario Benítez (ANR). Mediante la presión ciudadana el Ministerio Público, comenzó una investigación y la Contraloría General de la República realizó un examen especial de la gestión comunal.
La organización está compuesta por un grupo de políticos, movimientos sociales y representantes de la Iglesia Católica. Los denunciantes aseguran que desde el año 2011 hasta inicios de este año no hay obras que justifiquen el uso de más de G. 10.000 millones que manejó el jefe comunal.
“Es un gran mentiroso, miente a la Contraloría, a la fiscalía y la ciudadanía”, dijo el padre Paiva con relación a notas enviadas a ambas instituciones para intentar justificar la falta de entrega de documentos de su gestión.
El sacerdote lamentó que el intendente administre con tanta desprolijidad los recursos de la institución.
En el caso del Ministerio Público, la investigación está a cargo de los fiscales Martín Cabrera y Carlomagno II Alvarenga. El intendente Benítez, en una nota remitida a los fiscales Martín Cabrera y Carlomagno II Alvarenga, indica que no puede cumplir con el requerimiento de entrega de documentos porque fueron solicitados por la Contraloría General de la República.
El escrito lleva la firma del abogado Antonio Bernal Casco, quien ejerce la representación legal del jefe comunal.
Otra nota fechada el 26 de noviembre y enviada al contralor general de la República, Óscar Rubén Velázquez Gadea, indica que no podrá remitir los documentos requeridos porque fueron solicitados por el Ministerio Público. Lleva la firma del intendente, Mario Benítez, quien pide una prórroga de diez días para cumplir con el pedido.
Con el pedido de prórroga se está dilatando la emisión del resultado final de la auditoría que realizó el ente contralor a la administración comunal.
En informe preliminar emitido por la CGR indica que el intendente, Mario Benítez, no puede justificar el uso de más de G. 2.477 millones, correspondientes solo al ejercicio fiscal 2013. En el informe se resalta que la institución de abastece de combustible de la estación de servicio del político colorado, vinculado al narcotráfico por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Rubén “Chicharõ” Sánchez.
El intendente, al ser consultado sobre la nota enviada por su abogado a los representantes del Ministerio Público, indicó que debe ser una de las tantas enviadas en el marco de una investigación que realizan los fiscales Cabrera y Alvarenga. Al preguntarle cómo explica que otro escrito con el mismo tenor remitió a la CGR, respondió con incoherencias y evasivas.
Indicó además que está siendo víctima de una persecución y resaltó que él es el intendente que más obras realizó en el departamento de San Pedro.
Las observaciones
Entre las 21 observaciones hechas por la Contraloría General de la República (CGR) a la gestión del intendente, Mario Benítez (colorado cartista), se destaca la falta de manual de organización y funciones de la Municipalidad, obras adjudicadas sin licitación, cheque por G. 10.300.000 rechazado por carecer de fondos, la no transferencia del 15 por ciento del impuesto inmobiliario a la Gobernación de San Pedro, subalquiler de salones comerciales de la terminal de ómnibus en complicidad con concejales, entrega de recursos a comisiones inexistentes que no rindieron cuentas y obras adjudicadas a sus familiares.