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Dicha determinación del organismo de auditoría es considerada por el reelegido intendente, Ariel Villagra (PLRA), como una persecución política promovida por sus adversarios de la zona, principalmente los colorados, argumento que utilizan todos los jefes comunales cuyas gestiones van ser revisadas por sospechas de corrupción.
La resolución de la Contraloría fue firmada por el contralor interino Roy Rodgers el 15 de marzo del corriente año, para que se verifiquen los documentos y las obras ejecutadas durante dichos periodos por el intendente reelecto Ariel Villagra.
Cabe señalar que Villagra es el primer intendente designado a través de los votos desde la creación del distrito, ocurrido en el 2012 durante el gobierno de Fernando Lugo.
Los funcionarios designados para llevar a cabo la verificación de las documentaciones de la Municipalidad son: Ceferina Velazco, René Ayala Cáceres, Liz Ortiz y Ruth Elizabeth Benítez, y como jefa de equipo para la ejecución de los trabajos fue nominada Alba Sotelo. Esto, sin perjuicio de la incorporación de otros auditores en la medida de las necesidades de las tareas, señala el documento de la CGR.
El intendente Villagra, al ser consultado sobre la resolución dictada por la Contraloría, mencionó que todo esto se trata de una clara “persecución” en su contra por parte de sus adversarios políticos.
“Para mí es muy evidente lo que está pasando. Como no pueden derrotarme en los votos, entonces están buscando perjudicarme mediante este tipo de persecución, pero no hay problema. Yo no tengo miedo de que se haga la intervención”, manifestó.
Señaló: “¿Por qué solo a mí. Se sabe que existen municipios donde nada se ha hecho en obras y que tampoco tienen documentos respaldatorios; sin embargo, en esos lugares no hay intervención”.