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AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). La Junta de Saneamiento de Areguá está intervenida desde junio de 2017 por recomendación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y disposición del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), a cargo de Cristina Muñoz. El Poder Ejecutivo emitió el 20 de junio de 2017 el decreto N° 7321, mediante el cual designa como la interventora cautelar de la aguatera a la Municipalidad aregüeña, dirigida por el intendente Humberto Denis Torres (colorado cartista).
Torres, a su vez, designó a los operadores de su mentor, el diputado Tadeo Rojas (colorado cartista), como interventor e integrantes de un “equipo técnico de apoyo”.
Domingo Javier Estigarribia es el interventor y, según nuestras fuentes, además de operador, es consuegro del parlamentario. En el equipo técnico de apoyo se encuentran Severiano Sosa Cristaldo (concejal municipal colorado cartista), Juan Antonio Trinidad (expresidente de la Junta de Saneamiento), Victorino Duarte Franco (exconcejal colorado) Cristóbal Jara (comisario retirado y exguardaespaldas de Rojas cuando era ministro del Interior) y Antolín Caballero, locutor de una radioemisora comunitaria a la cual la aguatera paga por “publicidad”.
Rosalba Maldonado se desempeñó durante 16 meses como encargada de reclamos de la Junta de Saneamiento, hasta que el 30 de junio fue despedida en el marco de la intervención. Ella asegura que la desvincularon porque cuestionó manejos irregulares, pero Estigarribia adujo que fue “por motivos estrictamente presupuestarios”.
Desde el lunes 2 de julio realiza una huelga de hambre en pedido de su reincorporación, así como una investigación del trabajo que realizan los interventores y lo que existe tras su despido.
Prórroga
En enero de 2018, la presidenta de la Administración del Erssan, Cristina Muñoz, solicitó al titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, conceder a la Municipalidad de Areguá, interventora de la Junta de Saneamiento, una ampliación de la intervención a “fin de concretar los proyectos y alcanzar la meta propuesta para el mejoramiento del servicio de la ciudadanía aregüeña”.
La mejora consistiría en la habilitación de un octavo pozo en la compañía Kokue Guasu de esta ciudad. La prórroga fue otorgada por seis meses, es decir, hasta octubre de este año.
Verdadero interés
Sin embargo, nuestras fuentes aseguran que el verdadero objetivo de la intervención es manejar un millonario monto que será destinado a obras de saneamiento, como planta de tratamiento de agua residual, redes básicas de alcantarillado y redes condominiales de alcantarillado sanitario. Se tienen un presupuesto de G. 110.465 millones (US$ 20 millones) para estas mejoras, según el MOPC.
El monto está pensado para Areguá, Tobatí y Caacupé, ubicadas en la cuenta del lago Ypacaraí.
Al respecto, Domingo Javier Estigarribia señaló que el equipo interventor mantuvo una reunión con funcionarios del MOPC y fueron comunicados de que la Junta de Saneamiento de Areguá tendrá a su cargo “la administración” del cobro de servicios sanitarios o del millonario desembolso para los trabajos de alcantarillado.
“No sabemos todavía qué es lo que vamos a administrar. Todavía no se adjudicó, la licitación fue declarada desierta y no sé por qué”, dijo Estigarribia al referirse a un llamado a concurso de ofertas que se realizó en marzo.