Cargando...
Aldo Méndez, del grupo Ecológico Taguató, presentó una nota al intendente con cuatro pedidos y estaba firmado por un centenar de personas. Las exigencias se centraban en el rechazo a la ampliación de la zona urbana, que afecta las compañías Ciervo Cua y Matiauda, por no consultar a los pobladores y por considerarse inaplicable.
Además, piden la clausura del vertedero y traslado de los desechos industriales, depositados en el sitio perteneciente al exconcejal Pelagio Galeano (PLRA), del barrio San Isidro. El principal pedido es la devolución y recuperación de las 6 hectáreas de tierra de la playa Candu, vendidas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y la Municipalidad local. Solicitan una medida de no innovar en las inmediaciones del lago Ypacaraí.
Antes de la llegada de los manifestantes, Zubizarreta entregó a la prensa una declaración conjunta del ejecutivo y la Junta Municipal, donde se señala que el vertedero nunca fue habilitado, ni autorizado por la Comuna. Agrega que ordenaron la suspensión de actividades, con la colocación de un cartel donde se prohíbe la actividad.
Sobre la ampliación de la zona urbana, se decidió dejar en suspenso el procedimiento hasta que el municipio resuelva una mensura judicial en curso. En lo que se refiere a las construcciones en las cercanías del lago, se aclara a la población que la Comuna tiene un Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental (POTA), sobre el plan de uso de suelo que será actualizado, conforme a los requerimientos técnicos.
Sobre la devolución de las tierras, según la Comuna se trata de excedentes fiscales que colindan con la Playa Candu. Todos los antecedentes relacionados al caso se llevaron a un estudio jurídico externo, para elevar en 15 días un informe independiente y pormenorizado de la situación, dijo Zubizarreta.
Apoyo político
La protesta fue organizada por el grupo Taguató y el Consejo de Aguas local, cuyos representantes son Aldo Méndez y Luz Marina Acosta. Sin embargo, según Méndez, el apoyo logístico fue de caudillos colorados. Cuatro colectivos de la empresa Villa Serrana, perteneciente al senador Julio “Pichin” Quiñónez (ANR), se encargaron del transporte de los manifestantes, conseguidos según mencionó, gracias a las gestiones del dirigente colorado Luis Aquino.