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La “fusión” de los servicios se concretó el 16 de setiembre de 2016 a través de un dudoso convenio de cooperación interinstitucional que tendría que abarcar “servicios médicos asistenciales y estudios médicos”. Con la medida fueron perjudicadas unas 6.000 familias de escasos recursos económicos de los barrios ribereños San José Mí, San Rafael, Co’êyú y María Auxiliadora, así como la compañía Corateî de este distrito.
También, los habitantes de los asentamientos Misiones Poty y Costa Yabebyry, las islas Yegros, Pantita Cue y Kuña Paso.
La comisión de Reapertura del Centro de Salud, presidida por Carlos Pérez, responsabilizó al exdirector de la Octava Región Sanitaria, Pedro Pérez; al presidente de la seccional colorada de Ayolas y funcionario del Ministerio de Salud, Édgar Caballero, al exgobernador y actual diputado Derlis Maidana (ANR), así como al director del Centro de Salud, Emilio Ruiz, al intendente Carlos Duarte (ANR) y al exconcejal departamental Esteban Ruiz (ANR) de la medida. El objetivo era solo beneficiar a un grupo de nueve médicos ligados al poder político y que son contratados por el IPS y también están asignados al Centro de Salud.