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“Hubo dos órdenes judiciales sobre una misma cantidad de soja, lo que materialmente imposibilitó a la Policía Nacional prestar el auxilio de la fuerza pública a los oficiales de justicia Jorge Deurelle y Juliana Espínola”, afirmó Fernández.
Los mandatos son de los jueces de primera instancia Rafael Jacobo, con asiento en Santa Rita, y del juez Sergio Rodríguez, de Presidente Franco, ambos de la VI Circunscripción Judicial.
De acuerdo con Fernández, el 13 de febrero pasado “llegamos para dar cumplimiento a la orden judicial de secuestro de 4.000 toneladas de soja, del juez de primera instancia Rafael Jacobo, con asiento en Santa Rita, y nos encontramos con otra orden judicial, esta vez del magistrado de Presidente Franco Sergio Rodríguez”, dijo.
En vista de que había dos órdenes judiciales con el mismo objetivo, la Jefatura Policial de Itapúa decidió inmediatamente remitir una nota al jefe de Departamento Judicial, Eladio Sanabria, para saber el procedimiento a seguir. En esa misma fecha, con dictamen Nº 413, firmado por Sanabria, el Departamento Jurídico contesta que “ambos embargos jurídicos recaen sobre un mismo objeto (4.000 toneladas de soja), lo que materialmente imposibilita a la Policía nacional prestar el auxilio de la fuerza pública a los oficiales de justicia para el cumplimiento de su cometido”.
Se recomienda en el escrito que “por prudencia administrativa” se suspenda el acompañamiento.