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El 12 de febrero de 2015, Enrique Sarubbi planteó una acción de interdicto ante el juzgado de Máxima Meza, en Ciudad del Este.
“Kike” Sarubbi reclamó la posesión de la finca 531 de Minga Guazú. El inmueble, propiedad de HB Inmobiliaria, ocupa una superficie de 20 hectáreas.
Sarubbi tenía en sus manos un título de propiedad judicial sobre la finca 483, resultado de una demanda que ganó a Francisco Feliciano Duarte, en octubre de 2014.
El título de propiedad judicial fue resultado de un fraude: Enrique Sarubbi demandó a su suegro 14 años después de muerto.
Feliciano “Manito” Duarte murió en junio de 2000 y perdió la demanda en octubre de 2014, sin recibir asistencia legal para ejercer su defensa.
Posterior a la ocupación, Sarubbi inició recusaciones en cadena contra todos los jueces del fuero civil de Ciudad del Este, incluyendo además fiscales y camaristas del tribunal de apelación.
Sarubbi logró detener la acción de interdicto que él mismo había iniciado: 11 jueces fueron recusados para paralizar el proceso.
De este modo, logró instalarse en la finca 531 entre los meses de febrero y diciembre de 2015; el 16 de diciembre fue desalojado.
Advertencia sin valor
El 14 de agosto de 2015, la sala civil de la Corte Suprema de Justicia dictó el auto interlocutorio Nº 1494.
Uno de los párrafos del documento expresa lo siguiente: “Asimismo, corresponde llamar la atención al señor Enrique Sarubbi y a su abogado patrocinante, Jorge Barrios, con matrícula Nº 13819, para que en lo sucesivo se abstengan a la promoción de incidencias de esta naturaleza, de lo contrario se tomarán medidas más gravosas” (negritas son nuestras).
Sarubbi y su equipo jurídico plantearon otras dos recusaciones al pleno del tribunal de apelación de Ciudad del Este.
Ninguna sanción. Ni siquiera la Corte Suprema toma en serio sus amenazas.
La jueza Máxima Meza, por su parte, está procesada por el Jurado de Magistrados pero el ministro Raúl Torres K. estaría evitando el castigo de la magistrada.
roque@abc.com.py