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El inmueble está arrendado por la empresa desde 2009 mediante un contrato muy cuestionado, que estipula el pago de G. 200 millones anuales. El alquiler se estableció por un plazo de 20 años, dividido en dos etapas de 10 años cada una, violando el artículo 807 del Código Civil.
El asesor jurídico de El Farol SA, abogado Julio Godoy, argumentó que solicitaron la compra de 500 hectáreas porque tienen un proyecto social para beneficiar a los “recicladores (gancheros) que trabajan en el vertedero. Supuestamente la empresa construirá 700 casas en una fracción del inmueble, que en realidad no es apto para el asentamiento humano.