El dictamen judicial fue a raíz de una demanda por el derecho a la educación, introducida por las madres de los niños afectados con el patrocinio de la abogada Mercedes Brítez de Buzó, ex ministra de la Niñez y de la Adolescencia. La abogada, especialista en derechos del menor, solicitó que el juzgado dictara con urgencia una medida cautelar "a fin de que los niños no pierdan el año escolar por ser pobres".

Según la denuncia de los padres, la directora de la institución, Hilda Bogado Paredes (Hermana Sara), estableció como requisito obligatorio el pago de G. 5.000 por alumno y el uso de un uniforme nuevo para que los niños sean admitidos en la institución. Aseguran que hay familias que no pueden cumplir con tales obligatoriedades por la situación de indigencia en que se desenvuelven, ya que apenas se dedican a las labores de las canteras de piedras y a la elaboración de sombreros de palmas, cuyos ingresos apenas alcanzan para el pan diario de sus hijos.

La Dra. Mercedes Brítez de Buzó, durante una visita a nuestra redacción regional, lamentó que las autoridades de la institución hayan permitido que los niños pierdan cuatro meses de clases, ignorando todos sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, en el Código de la Niñez y de la Adolescencia y convenciones internacionales. Asimismo, se preguntó cómo harán las docentes para que los menores afectados recuperen las horas de enseñanza perdidas. Criticó a las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y de la fiscalía de Caacupé por no haber intervenido ante las denuncias de los padres para frenar el abuso cometido contra los derechos de los menores.
El juez de Paz de Emboscada deberá dar cumplimiento a la medida cautelar. Además, lamentablemente, los niños deberán presentarse a una audiencia fijada para el próximo 7 de junio.