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La unidad militar estaría entregando un informe a la fiscalía el próximo lunes, adelantó Torres. El representante del Ministerio Público investiga el caso de la muerte de cuatro personas al caer al río Ñacunday el vehículo en el que estaban cuando esperaban cruzar en la balsa. El caso se registró el 2 de marzo último.
Al menos G. 5 millones por semana sería la ganancia que genera la balsa a la municipalidad. Sin embargo, nunca se llevó a cabo el mantenimiento y la reparación de la embarcación. Es más, el propio intendente, Pedro Duarte (ANR), reconoció que no existe un reglamento para los que operan la nave, ni para los pasajeros.
Las víctimas fatales del accidente ocurrido a raíz de la imprudencia de los administradores del servicio de
balsa fueron identificadas como María Ángela Gauto (27), sus hijos Elías Nahuel Escurra Gauto y Alejandro
Daniel, además de su sobrino Willian Escurra Frutos. El fiscal Torres solo imputó al chofer del rodado, Andrés López Arévalos, y el conductor de la balsa, Valdomiro Ramírez.