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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Hasta el 28 de enero próximo, la fiscala Juliana Giménez tiene tiempo para realizar las diligencias pendientes en la investigación penal abierta a los colorados Alcides Fernández y Abrahan Alegre, exadministradores de la Comuna de Presidente Franco. Los políticos colorados están procesados por supuestas obras fantasmas y sobrefacturaciones durante el período 2013-2015.
En la víspera el Tribunal de Apelaciones integrado por Aniceto Amarilla, Isidro González y Miryam Meza, dictó la resolución que amplía el plazo de investigación en tres meses más.
En ese tiempo la fiscala Giménez deberá practicar las pericias de facturas clonadas y de firmas de funcionarios que supuestamente fueron falsificadas. Además, debe recibir la declaración de unos 30 testigos.
Según fuentes, la fiscala Giménez tuvo una complaciente actuación, que lejos de hacer diligencias para reunir pruebas, su desidia favorecía a los imputados.
El perjuicio patrimonial aún no fue cuantificado, ya que se tiene que hacer las pericias contables; aunque alcanzaría G. 7.000 millones, según la denuncia presentada por el actual intendente Roque Godoy (PLRA), en 2015.
Tras una intensa presión ciudadana, en marzo pasado, la Fiscalía había imputado a los exintendentes con base a un informe de la Contraloría General de la República, que señala irregularidades en obras municipales.
Chicanas
La defensa de los imputados realizó todo tipo de maniobras, con el objetivo de evitar que la Cámara de Apelación otorgue la prórroga.
El abogado defensor, Luis Giménez, recusó a dos miembros de la Cámara de Apelación. Sin embargo, el planteamiento del letrado ya se presentó tarde, atendiendo que los magistrados ya habían firmado la resolución.
Previamente, la defensa había recusado a otros jueces para dilatar el pronunciamiento sobre la prórroga del plazo de investigación.
El exintendente Fernández actualmente es referente del cartismo en Presidente Franco y promovió una serie de chicanas con la intención de extinguir la causa judicial. Supuestamente se estaba maquinando un plan judicial para liberarlo del proceso.
La jueza de Presidente Franco, Karina Frutos, también se habría prestado a las maniobras.
Los abogados querellantes, en representación de la Comuna, son María de Fernández y Lulio Gamarra.