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El inmueble está ubicado sobre la Picada 108 en la zona Tte. Pico, a 640 kilómetros de Asunción, en el distrito Mariscal Estigarribia. Las tierras fueron negociadas por el expresidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) Rubén Quesnel, y el proceso de recuperación se hace difícil por la existencia de los títulos superpuestos.
Mendieta explicó que los trabajos de mensura, a cargo del agrimensor Antonio Fretes, culminaron en noviembre pasado. Ahora se esperan los alegatos de las partes colindantes y el dictamen del Ministerio de Obras Públicas para la resolución judicial sobre la ubicación en terreno de las 25.000 hectáreas de Cuyabia, dijo.
Según el abogado, existen unas cuatro empresas que tienen títulos superpuestos por las documentaciones fraudulentas realizadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Dos de las firmas son Pacsa y Basi (de capital alemán y brasileño), y tendrían documentos de propiedad de más de 4.000 hectáreas del inmueble de Cuyabia. “Sus títulos son posteriores a la propiedad de Cuyabia, cuyas tierras fueron adquiridas en 1996”, dijo Mendieta.
Indicó que ambas empresas tienen denuncias ante la fiscalía y en la Secretaría del Ambiente (Seam) por violar leyes ambientales. “Los responsables de estas firmas amedrentan y persiguen a los indígenas cuando realizan patrullas sobre sus tierras”, expresó Mendieta.
Agregó que en la zona se presta dinero a los ayoreos, que firman documentos para ceder el terreno en litigio, pero los documentos no tienen validez jurídica y la venta de tierras indígenas está prohibida por ley.
El pasado 30 de enero, líderes de Campo Loro, Ebetogue, Tunucojai, Comunidad 5, Garay, Amistad y Guidai Ichai manifestaron su apoyo al líder de Cuyabia, Unine Cutamurajai.
Instaron a todos los demás dirigentes de las comunidades que deben estar en vigilia ante los atropellos e invasión de las tierras de Cuyabia.