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CARMEN DEL PARANÁ, Itapúa (Juan Augusto Roa, de nuestra redacción regional). Para el legislador comunal Jorge Collante (ANR) resulta “cuanto menos llamativo” el hecho de que la Intendencia, bajo la administración del colorado Hugo Ortiz, haya concedido por siete años a un empresario un bien de dominio público, para su explotación comercial.
Las versiones dan cuenta de que el contrato de “asesoramiento” es una concesión disfrazada con privilegios a un sector que tendrá a su cargo la explotación comercial de los servicios en las playas, desde el alquiler de espacios, venta de exclusividad de publicidad para marcas de bebidas y otros productos de consumo masivo, como telefonía celular y otros. Además del alquiler de los espacios para instalación de lugares de venta de comidas y estacionamiento.
A mediados de agosto pasado el intendente Hugo Ortiz y el empresario turístico Afara Salomón Carrasco firmaron un “contrato de asesoramiento” por el cual este último literalmente se convierte en el usufructuario exclusivo de las tres playas de que dispone el municipio. Se trata de las playas Tacuary, Ybycu’i y Pirayú, que en su conjunto conforman un inmejorable sitio para la recepción de veraneantes.
El gobierno de Ortiz es una administración transitoria, de unos meses, y aún así comprometió los destinos del principal atractivo turístico que tiene la comunidad, sus tres playas sobre el río Paraná, por nada menos que siete años, a través de un contrato abiertamente favorable a los intereses del particular, y hasta en contra de los intereses comunitarios.
Ortiz sustituyó en el cargo al anterior intendente, Germán Gneiting (ANR), quien había renunciado para buscar su reelección, cargo para el que fue electo por un nuevo periodo.
El concejal Collante admitió que cuando la adjudicación tomó estado público, a través de radios locales, hubo indignación entre muchos de los pobladores de la comunidad, por lo que, en su carácter de representante del pueblo en la Junta Municipal, está obligado a investigar el caso y llevar la investigación hasta las últimas consecuencias.
Por su parte, el intendente Ortiz admitió que no hizo el llamado a licitación, y dijo que fue por la premura del tiempo.
También reconoció que se buscó una figura legal que le permita celebrar el contrato en forma directa.
Dijo que se pidió un dictamen de la asesoría legal de la Comuna, y según este, la forma en que se elaboró el contrato es correcta.
“Durante 4 años nadie se interesó en la playa, y ahora que se firmó un contrato empiezan a poner interés”, criticó Ortiz.