El funcionario dijo que, por las Leyes 1531 y 294, está obligado coordinar esfuerzos y buscar la mejor alternativa. Señaló que los dos EIA deberían haber analizado la alternativa que plantea el otro organismo, lo que no hicieron. "Están perjudicando a todo el mundo. Ellos pueden licitar la obra, pero no pueden hacerla sin licencia. La idea que yo tengo es buscar la mejor alternativa y la menos problemática y tratar que se pongan de acuerdo", dijo.
El lunes 23 de octubre, la Seam remitió la nota Nº 742, firmada por el director general Gustavo Rodríguez a la CACH y CA, solicitando, en carácter de adenda (apéndice), documentos sobre constitución y reconocimiento de los organismos y autorización para el uso de recursos hídricos del río Paraguay. Hasta tanto sea satisfecha la adenda, queda suspendido el plazo de 90 días para la licencia ambiental (art. 10 de la Ley 294/93). Además, está pendiente la audiencia pública del EIA, que debe ser realizada en un lugar de fácil acceso para la población afectada, explicó Rodríguez. "Que ya anuncien la licitación para diciembre es cosa de ellos", sostuvo.


CONTRALORIA INSTO A COORDINAR

El 11 de septiembre de 2006, la Contraloría General de la República dictaminó recomendar al presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, interceder en el conflicto suscitado entre la CA y la CACH. Ya el 7 y 26 de julio de 2006, la CGR había instado a la Gobernación de Boquerón encarar el acueducto con la CA, tratando de evitar duplicaciones de gastos. La CA cuenta este año con fondos públicos de G. 7.204 millones; la CACH, con G. 2.073 millones, y para el 2007 ellas han solicitado G. 3.152 millones y G. 760 millones respectivamente. El presupuesto de la CACH administra la Gobernación de Boquerón.

JUNTA DICE NO RECIBIR INFORMES

El presidente de la Junta Departamental, Silvio Espínola (ANR), y la secretaria Olga Zavala (PEN) señalaron que no reciben informes ni pedidos de aprobación del gobernador David Sawatzky, quien administra los fondos de la CACH. Por eso, la última adjudicación para construcción de aljibes y pozos, por un monto de G. 627 millones, fue rechazada el 9 de octubre en forma unánime por los ediles, quienes se reconfirmaron en su desaprobación el 16 de octubre. Manifestaron también su preocupación sobre la transparencia de una futura licitación del acueducto y conformación del consorcio nacional-internacional, que administraría la obra durante 30 años, según propone la CACH.