Levantan arresto domiciliario de rector de Unves, pero sigue con restricciones

El rector de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves), José Félix González, consiguió el levantamiento del arresto domiciliario que pesaba en su contra por la investigación de nepotismo y de otros delitos cometidos en la casa de estudios, pero continúa con medidas alternativas a la prisión, que hasta el momento le impiden reasumir el rectorado de la institución.

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VILLARRICA (Pablo Gastón Ortiz, corresponsal). El levantamiento del arresto domiciliario fue resuelto por el juez penal de garantías José Dolores Benítez, luego de que el rector de la Unves haya dispuesto de una fianza real de G. 1.000 millones sobre un inmueble que tiene en propiedad junto a su esposa, según explicó el magistrado.

Sin embargo, aclaró que rechazó el levantamiento de la prohibición de acercarse a las instalaciones de la universidad y de la restricción de comunicarse con funcionarios y docentes.

Estas medidas seguirán impidiendo a José Félix González ejercer el cargo de rector de la casa de estudios, que administró por más de siete años.

No obstante, la defensa del procesado apeló la resolución y ahora la cámara de apelaciones de Villarrica, que se encuentra de feria judicial, deberá confirmar o dejar sin efecto las prohibiciones que pesan sobre el rector.

En agosto pasado la fiscala de Villarrica, María Unger, imputó a José Félix González por la presunción de haber cometido al menos siete delitos al frente de la universidad. Estos son administración en provecho propio –derivado del nepotismo–, lesión de confianza, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, usurpación de funciones públicas e inducción a un subordinado a un hecho punible.

Con medidas alternativas

Por otro lado, el vicerrector y rector en ejercicio de la Unves, el político liberal y exdiputado Simón Benítez Ortiz, fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión, otorgadas también por el juez Benítez.

A diferencia de González, Benítez podrá seguir ejerciendo en la universidad guaireña.

En noviembre último y bajo la sospecha de que el vicerrector era planillero, el fiscal de Caazapá, César Martínez, lo imputó por supuesto cobro indebido de honorarios.

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