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Indicó que para estar en la lista de 1.000 familias que pretenden que se les conceda un terreno tuvo que pagar G. 100.000, así como todos. En la primera reunión de la que participó debió abonar G. 10.000 en concepto de “derecho de participar” y luego colaboró G. 20.000 para la adquisición de carpas para formar los precarios ranchos en medio del bosque, relató en contacto con ABC Cardinal.
Afirmó que para ser favorecido por un pedazo de tierra que esté mejor ubicado, cerca del asfaltado de acceso, también se tenía que pagar más.
En otro momento, indicó que se advertía que “está prohibido” hablar con personas extrañas al grupo invasor. Agregó que también se les indicaba que “aquel que decidía salir ya no iba a tener permitido retornar”.
Comentó que por un vecino se enteró de la organización y detalló que la reunión previa a la invasión, de la que participó, se hizo en Ñemby hace unos 15 días. Fue en la casa de Maraví Gómez, locutora de radio Leyenda, de quien dijo estaba con una remera alusiva al liberal llanista Blas Lanzoni, exgobernador de Central y candidato a senador. Aseguró que existen detrás de la ocupación políticos “de todos los colores”.
Indicó que la mujer tomaba nota en un cuaderno del dinero que les entregaban, pero que no les daban recibo alguno. Respecto a la participación de otros líderes, dijo que no se presentaron ni llamaron por nombre, sino por seudónimos o apodos como “Léka”, “Rubio”, “Alemán” y otros.
Mencionó que conoce a Guido Cabral, presidente de la Coordinadora Nacional por la Vivienda Digna, porque varias veces le vio con políticos colorados de la Municipalidad de San Lorenzo, pero no dio nombres. Mencionó que a veces llegaba a reuniones sobre una moto, otras veces en automóvil.
El presidente de la Coordinadora Nacional por la Vivienda Digna, Guido Cabral, dijo que desde hace dos años vienen presentando notas a diversas instituciones del Estado, como la Secretaría de Acción Social y la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat. Ante la falta de respuesta dijo que 25 líderes decidieron la invasión y que ahora la desafectación depende del Congreso Nacional, al que culparán si son desalojados.