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La Dirección de Laboratorio Forense del Ministerio Público es un organismo técnico, tiene la misión de evaluar pruebas que puedan sostener una imputación o bien descartar sospechas de culpabilidad.
La tarea que cumple la Dirección de Laboratorio Forense está estrechamente relacionada con las evidencias disponibles.
Esta oficina especializada del Ministerio Público realizó una pericia en torno a documentos presentados por la fiscala Arminda Rivas de Monges para sostener una imputación contra Higinio Benítez, Aurelia Nicolaus y sus hijos Claudia y Fernando.
La pericia técnica concluyó que los testimonios y documentos utilizados por la fiscala Arminda Rivas de Monges para imputar a esta familia son falsos.
El 5 de noviembre de 2015, la Dirección de Laboratorio Forense dio a conocer su dictamen en torno a la imputación de la fiscala de Ciudad del Este.
Con anterioridad, el 21 de octubre de 2015, la Fiscalía General del Estado presentó un informe de gestión de la fiscala Arminda Rivas de Monges en el mismo caso, con el mismo resultado: la imputación es falsa.
El 10 de abril de 2015, el Colegio de Escribanos del Paraguay entregó los documentos que prueba que la agente fiscal utilizó pruebas falsas para sostener su acusación.
El Colegio de Escribanos del Paraguay dejó al descubierto el testimonio falso presentado por la escribana Verónica Pérez en contra de la familia Benítez Nicolaus.
No existe ninguna duda de que la denuncia presentada por Enrique Sarubbi contra la familia Benítez Nicolaus por falsificación de documentos públicos es complementa falsa.
Sospechosa resolución
A pesar de toda la documentación obrante, el juez Emilio Gómez Barrios firmó el auto interlocutorio Nº 1715 con fecha 18 de noviembre de 2015.
El considerando expresa: “La presente causa se halla indefectiblemente prescripta, aunque la declaración de prescripción de la acción penal no implica de manera alguna la absolución del reproche y pena de los imputados” (negritas en el original).
En forma sospechosa, el juez Emilio Gómez Barrios insinúa que los Benítez Nicolaus podrían ser responsables de un delito que supuestamente ocurrió en 1992.
Los dictámenes, pericias y auditorías de la Fiscalía General del Estado demuestran que son inocentes, así como las investigaciones de la Dirección de Laboratorio Forense. Sin sustento técnico ni jurídico, Emilio Gómez Barrios deja translucir una presunta responsabilidad.
Imposible no ver la mano de Enrique Sarubbi en esta sospechosa resolución: el principal beneficiado con el auto interlocutorio es el responsable de un fraude procesal donde un muerto perdió un juicio.
Sarubbi demandó a su suegro después de muerto.
roque@abc.com.py