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Jueces y camaristas de Ciudad del Este presentaron denuncias contra el abogado Jorge Barrios y su cliente Enrique Sarubbi.
Fueron acusados ante la Corte Suprema de Justicia de responsabilidad en “ejercicio abusivo del derecho” y se pidió sanciones para ambos.
Los escritos fueron remitidos a la sala civil de la Corte Suprema, integrada por los ministros Óscar Bajac, César Garay Zuccolillo y Raúl Torres Kirmser.
Las denuncias se entregaron a mediados de abril y a pesar de la gravedad de los hechos, la Corte Suprema no se expide.
Ninguno de los ministros que integran la sala civil movió un dedo para restablecer el equilibrio en el juzgamiento de una acción.
Miguel Óscar Bajac, César Garay Zuccolillo y Raúl Torres Kirmser optaron por el silencio.
El silencio de los ministros de la Corte Suprema de Justicia se puede calificar como sospechoso: la inacción lleva a mantener un estado de indefensión para quienes mantienen un litigio con Enrique Sarubbi y el abogado Jorge Barrios.
¿Por qué la tolerancia a un hecho que implica el “ejercicio abusivo del derecho”?
Enrique “Kike” Sarubbi, fiel a su estilo, está involucrado en un caso que puede calificarse como estafa procesal.
Vergüenza para la justicia
En el año 2013, “Kike” Sarubbi demandó a su suegro Francisco Feliciano Duarte, quien murió en junio de 2000.
Luego de transcurrir 13 años de su muerte, Sarubbi plantea una acción de “cumplimiento de contrato”.
Lo peor de todo es que la justicia admite la demanda y el pobre muerto perdió el juicio sin ejercer la garantía constitucional de la defensa. Inclusive fue declarado “rebelde” por no presentarse.
Un juicio de estas característica es una farsa, es una tomadura de pelo a todo el sistema judicial.
Resultado de la demanda contra el muerto fue la sentencia que ordenó la titulación judicial sobre un inmueble de 20 hectáreas ubicado en el kilómetro 20 de la ruta internacional, en la jurisdicción de Minga Guazú.
Este título de propiedad es producto de una estafa, no puede tener ningún valor.
Sin embargo, “Kike” Sarubbi, el mismo que robó una ametralladora de la Fuerza Aérea Paraguaya cuando era oficial militar, hizo valer su título de propiedad fraudulento para tomar posesión de tierra ajena.
Inmobiliaria HB SA, legítima propietaria del inmueble, fue desalojada de la finca y Sarubbi entró como si fuera realmente un propietario que se pudiera respetar.
Se suman denuncias
Sarubbi no quiere devolver la propiedad ajena, busca quedar dentro de ella; de hecho, el fraude del título se montó para que el inmueble valuado en ocho millones de dólares quede en su poder.
Para lograrlo, Jorge Barrios y Enrique Sarubbi están recusando a todos los jueces y camaristas que reciben el expediente que busca reparar un daño patrimonial.
La acción de interdicto no puede prosperar ante la recusación generalizada de jueces y magistrados.
Se puede mencionar como ejemplo la denuncia presentada el 23 de abril por el juez Guido Cocco Samudio.
También es posible mencionar la denuncia del juez Miguel Otazo Martínez, del 23 de abril.
Igualmente, el camarista Sixto Melgarejo solicitó sanciones para Sarubbi y Barrios ante la Corte Suprema.
La inacción de los ministros de la Corte tiene como resultado mantener una situación absolutamente irregular, manteniendo la posesión de un inmueble con el empleo de un título de propiedad fraudulento.
Se podría llegar a la conclusión de que a los ministros no les interesa la marcha de la justicia.
Tampoco les importa la vergonzosa situación de un juicio ganado a un muerto.
¿Por qué el silencio de los ministros? ¿Complicidad?
roque@abc.com.py